El detonante de la decisión de Sánchez de darse un "periodo de reflexón" fue la denuncia presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El miércoles se supo que un juez decidió abrir diligencias previas a raíz de esa denuncia y, horas después, el presidente publicó una carta anunciando una pausa en su agenda.

Desde el miécoles, Los dirigentes socialistas y la militancia han mostrado un apoyo unánime a Sánchez tanto en el Comité Federal del sábado como en diversas concentraciones callejeras. Sáchez ha asegurado que estas muestras de apoyo han pesado en su decisión de seguir.

El Partido Socialista Obrero Español en Tenerife quiere mostrar su apoyo incondicional al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento difícil para él y su familia, una situación que es el colofón a unos años en los que la derecha mediática, política y social ha traspasado todas las líneas rojas que permiten una convivencia pacífica entre españoles y españolas, un ataque inédito en la historia reciente de nuestra democracia.
Si bien esa derecha ha mostrado siempre su peor cara frente a los legítimos Gobiernos encabezados por el Partido Socialista, se han alcanzado cotas intolerables en los últimos meses con un especial ensañamiento, no solo contra Pedro Sánchez, sino de su mujer, que ha sido objeto de ataques sin parangón, incluyendo los aspectos más personales, utilizando bulos e infamias y sin aportar sin ningún de prueba.
La incapacidad de esa derecha de articular una mayoría alternativa en las urnas le ha llevado al abismo de abrir todos los frentes posibles para derrocar a un Gobierno, de la mano de grupos de la ultraderecha española.
Pedro Sánchez representa, para todas y todos, un Gobierno democrático y legítimo, que ha liderado importantes cambios en España y, por todo ello, mostramos nuestro deseo de que continúe con una labor de transformación, pidiendo al conjunto de la sociedad, y de fuerzas políticas, una condena expresa a estos ataques y el respaldo a un presidente que han elegido los representantes de la soberanía nacional.

En la moción, rubricada por los portavoces Lope Afonso (PP) y José Miguel Ruano (CC), se solicita al Cabildo de Tenerife que, con los datos proporcionados por la Universidad de La Laguna y con su colaboración, "se comprometa a mantener para el curso académico 2024-2025, y a través de la empresa pública TITSA, un transporte Lanzadera, o regular, desde el Norte y desde el Sur de la isla hacia el Campus Universitario, con las rutas y horarios que se planifiquen, siempre conforme a la demanda existente".

En la moción se insta además a la Universidad de la Laguna a la difusión y promoción del uso de las líneas lanzaderas, o transporte regular, entre la comunidad universitaria.

Asimismo, nacionalistas y populares plantean proceder, con carácter periódico, a la revisión, y en su caso, ajuste de las rutas y/u horarios de las líneas lanzaderas o regulares implantadas.

Tanto populares como nacionalistas explican que en la actualidad "se está elaborando el Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife, de carácter sectorial, con el objetivo de establecer un modelo sostenible de ordenación y gestión de la movilidad en sus distintos modos, dando soporte a medidas específicas para conseguir la continuidad, la integración entre los distintos modos de transporte, así como la consecución de los objetivos medioambientales".

Entre sus objetivos, según destacan Afonso y Ruan, están "conseguir una mayor participación del transporte público en la movilidad motorizada, para aumentar el porcentaje de viajes en transporte público del actual inferior al 6% (viajes totales en 2021) a un porcentaje que supere el 20% en 2035".

En este sentido, recuerdan que la Universidad de la Laguna, principal centro superior docente de la isla de Tenerife, representa los intereses de unas 25.000 personas de las que más de 20.000 son estudiantes.

Ante esto, los portavoces de CC y PP recuerdan que dentro de los compromisos adquiridos entre el actual Gobierno insular y la ULL, a través de la empresa pública TITSA, se ponía en marcha, entre otras actuaciones, "las Lanzaderas Universitarias desde el norte de la isla, líneas 606 y 608. Y es que el transporte público urbano e interurbano juega un papel fundamental en la movilidad sostenible de las personas".

Por ello, nacionalistas y populares plantean mantener y fomentar dicho transporte público y que se produzca una promoción, dentro de la comunidad universitaria, para su uso.

Linares mostró su condena "más absoluta" ante este tipo de manifestaciones y exigió al esto de formaciones políticas de las Islas a mostrar su rechazo ante "el acoso que está sufriendo Fernando Clavijo y su familia"

"Las personas tienen derecho a manifestarse, pero lo que es indecente es hacerlo intentando intimidar a un representante público y a su familia, delante de su casa, por muy pacíficos que quieran aparentar", lamentó Linares.

"Estas prácticas atentan contra el derecho a la intimidad y la seguridad de las personas, por muy pacíficas que se planteen", reiteró Linares

En este sentido, aseguró que "el derecho a la protesta es fundamental en cualquier sociedad democrática, y lo defendemos firmemente. Sin embargo, el ejercicio de este derecho debe llevarse a cabo dentro de los límites del respeto, la tolerancia y la legalidad. Los escraches, lejos de contribuir al debate público, generan un clima de intimidación y confrontación que no hace más que socavar los principios básicos de convivencia democrática".

Luis Campos se pronunció así al término del encuentro desarrollado entre los portavoces parlamentarios y el Ejecutivo en el Parlamento para analizar el resultado de la reunión de la bilateral Canarias-Estado, que se volverá a reunir, dentro de 15 días, para definir si el acuerdo se tramitará, en las Cortes Generales, vía real decreto ley o una proposición de ley
"Nos acercamos al final de un camino que hace algunos meses parecía que era imposible", declaró el portavoz de NC-BC. Sin embargo, el documento concluido entre ambas administraciones, para Luis Campos, "no es el idóneo" aunque es "mucho mejor que la situación que teníamos".
Desaparecen las incertidumbres, agregó, sobre la capacidad de acogida y tutela de Canarias, sobre la preservación de los derechos de los menores migrantes no acompañados y la corresponsabilidad de todas las comunidades. Es un texto, remarcó, que viene "a dar seguridad, garantía y, a grandes rasgos, responde a las demandas que desde Canarias veníamos haciendo".
NC-BC se decanta por la elaboración y tramitación de un real decreto ley pero la formulación legislativa final decidida, tal y como puntualizó, "no puede ser el obstáculo". Recordó que llegar a este momento "ha costado muchísimo", como para ahora discutir que una vía es más rápida (decreto ley) que la otra (proposición de ley).
En opinión de Campos, hay un elemento más importante a definir, la asignación de la tutela de manera inmediata a un territorio y que sea el Estado el que financie y se responsabilice en ese intermedio, con independencia de la guarda y custodia que asume Canarias u otro territorio de primera acogida.
Para el portavoz parlamentario canarista, a partir de este momento, debe primar la altura de miras de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, fundamentalmente los dos mayoritarios (PSOE y PP), y en cada una de las comunidades. "Hoy nos ha tocado a nosotros. Hace años era Andalucía y podrán ser otros", después.
Con este acuerdo para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados y la capacidad de acogida de cada uno de los territorios, Luis Campos hizo hincapié en que se busca una solución de "fondo pensando siempre en los menores, pero también en la solidaridad y atendiendo a las necesidades de cada uno" de los territorios del Estado.

En la sesión de control al Ejecutivo, el portavoz parlamentario canarista preguntó al jefe del Ejecutivo por el nivel de ejecución durante el pasado ejercicio económico para evidenciar que las derechas canarias dejaron 1.089 millones de euros, el 91 por ciento, "la cuantía más grande sin invertir" de la historia y el peor grado de ejecución en los últimos 10 años.
Un importe que se eleva a 1.500 millones de euros al desplazar 400 millones de euros más a numerosos departamentos gubernamentales que tampoco se ejecutaron, precisó Luis Campos. Previa alusión a que 2023 fue un año electoral en el que el cambio de gabinete se produjo en el mes de julio e indicar que en los seis primeros meses del ejercicio los niveles de ejecución son más bajos, Campos hizo hincapié en que fue "exactamente igual" en 2019 y en 2015. Sin embargo, el nivel de ejecución del pacto de las derechas el año pasado fue muy inferior.
Estos datos, según NC-BC, desmontan y desacreditan la labor de oposición realizada por las derechas canarias al pacto de progreso en la pasada legislatura sobre los agujeros presupuestarios. En realidad, corrigió Campos, fueron desviaciones presupuestarias de 500 millones de euros en Sanidad, la "misma" cantidad dejada en 2019 por el primer Ejecutivo presidido Clavijo. Así como otros 100 millones de euros en el área de Economía. "Pudieron pagar los 500 millones, los 100 millones y encima les sobró 1.500 millones de euros. Fíjese que agujeros", recriminó Campos.
Cuando CC y el PP estuvieron en la oposición entre 2019 a mayo de 2023, insistió, acusaron al Gobierno de progreso de recaudar más que nunca y de meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía mientras dejaba sin ejecutar una cuantía de unos centenares de millones de euros. Desde julio de 2023, las derechas canarias en tareas ejecutivas, observó el portavoz canarista, recaudan un 16 por ciento más y se enorgullecen de llevar a cabo una ejecución presupuestaria "fantástica, extraordinaria", ironizó, cuando han dejado de invertir la mayor cuantía de la historia. Es el discurso incoherente de CC y el PP, para Nueva Canarias-BC.

La diputada socialista recordó que el anterior Gobierno arrancó "de cero" con la gestión de los fondos del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia (MRR) y que no fue una "tarea fácil" al tener que organizar una nueva estructura de cogobernanza, con normativa específica, instrumentos de planificación y unidades administrativas provisionales.

"Desde la anterior legislatura, la gestión de los fondos europeos se convirtió en un arma política de crítica a la gestión del Gobierno. Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria fueron críticos, llegando incluso a calificar la gestión del anterior gobierno como irresponsable, pero desde que este gobierno comenzó su andadura, han cambiado el discurso, asumiendo públicamente la dificultad de la gestión de estos fondos", alertó.

La diputada socialista se refirió al empeoramiento de los datos sobre la gestión de dichos fondos, ya que, según la comparativa de los últimos ochos meses del programa MOVES III, el Gobierno canario ha tramitado solo un tercio de las resoluciones y un 30% menos de las concesiones que el anterior Ejecutivo autonómico.

En concreto, el anterior Gobierno del Pacto de las Flores concedió un 30% más de ayudas, un total de 2.276 frente a los 1.160 del actual Ejecutivo.

Según Vanoostende, los datos son aún peores en las ayudas al autoconsumo y almacenamiento, en las que el anterior gobierno, en el mismo tiempo, adjudicó cinco veces y media más que el actual en beneficiarios y tres veces más en importe. "En el resto de programas de energía, tampoco se están cumpliendo los hitos. Le queda un año y medio para ejecutar la totalidad de los fondos y el único dato es que, en los tres primeros meses del gobierno, ni una resolución de ayudas".
Además, añadió que el actual Ejecutivo se encontró con los instrumentos de planificación estratégicos hechos, "mucho más" de lo que se encontró el Pacto de las Flores. "Esas unidades fueron desmanteladas con la excusa de una mayor eficacia, y el resultado ha sido pasar de un ritmo de trabajo constante y continuado, a una parálisis de las unidades en un momento crucial para la adjudicación y ejecución de esos fondos".

La diputada socialista alertó que esta consejería ha perdido fuelle y se ha vuelto "irrelevante" en el nuevo Ejecutivo. "Los canarios y canarias no podemos permitir eso, ya la ciudadanía lo manifestó el pasado sábado".

"Creemos que el clamor de la ciudadanía tiene que ver con la transición ecológica, la transición a una economía verde, la transición a la descarbonización de Canarias, la gestión sostenible del agua, de los residuos, del territorio, la protección de la biodiversidad, la protección de los espacios naturales y parques nacionales, la lucha contra los incendios forestales, las medidas de lucha y adaptación frente al cambio climático y sus consecuencias, como la subida del nivel mar, los incendios forestales, el calor, la sequía o aparición de especies invasoras", añadió.

Vanoostende aseguró que es "evidente" que el clamor "tiene mucho que ver con su consejería. Si este Gobierno no ha entendido esto, es que no ha entendido nada".

Hernández intervino en una interpelación del Grupo Socialista a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea sobre las medidas a adoptar por el Gobierno de Canarias para extender la bonificación al precio final del combustible a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en la que hizo hincapié del apoyo socialista a la bonificación del combustible en 20 céntimos por litro en las islas verdes, pero sin entender el motivo de no extenderla al resto. "Este proceder es inaceptable y genera agravios comparativos entre las islas no capitalinas".

En este sentido, recordó la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista en la Cámara regional para extender estas bonificaciones de forma proporcional a Fuerteventura y Lanzarote, cuantificando las mismas en al menos un 40% de las previstas para las islas verdes, que fue rechazada por los grupos que apoyan el Gobierno y por VOX.

El diputado socialista calificó de un "ejercicio lamentable" que Coalición Canaria plagiara esta iniciativa en febrero, pero con el condicionante de elaborar un estudio que verificara si las condiciones de mercado justificaban la extensión de las bonificaciones aplicadas a las islas verdes. "Luego la consejera habló de la creación de un observatorio de precios, y nos preguntamos que para qué, si se dispone ya del Instituto Canario de Estadística y el ISTAC".

Para Hernández, la intención del Gobierno canario es "ganar tiempo" para que transcurra el año, decaiga la bonificación a las islas verdes y "desaparezca" el problema.

Además, criticó que el Gobierno canario agravie a los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote y que tampoco sean "capaces de velar" para que la bonificación de 20 céntimos llegue de forma efectiva a los bolsillos de la ciudadanía de El Hierro, La Gomera y La Palma. "Más de cuatro meses después de solicitarlo, Fuerteventura y Lanzarote sufren una discriminación sin precedentes, y eso es responsabilidad del gobierno de CC y PP".

El diputado socialista recordó que Fuerteventura y Lanzarote pagan el combustible más caro de toda Canarias, y que este Gobierno ha creado en nueve meses una "tercera insularidad", para convertir a la ciudadanía de estas islas en canarios y canarias de peor derecho que el resto.

Hernández reclamó al Gobierno canario "abandonar las excusas" y no generar una Canarias "a tres velocidades", además de pedirles que apliquen políticas para paliar la "doble insularidad" para todas las islas capitalinas y que "no marginen" a Lanzarote y Fuerteventura.

"Les exigimos que no traten como ciudadanos de tercera a los majoreros y majoreras, a los conejeros y conejeras; les exigimos una vez más que apliquen la bonificación al combustible en favor de los estudiantes, las trabajadoras y trabajadores, los jubilados y jubiladas, las empresas, los autónomos de Fuerteventura y Lanzarote, y que .apliquen esta medida no caprichosa, sino equilibrada y ponderada, porque los canarios y canarias de las islas orientales no son de peor derecho que los del resto de las islas", añadió.

La Agrupación Herreña Independiente hará un seguimiento de los precios del combustible en El Hierro, donde se reflejará la diferencia de las tarifas con la isla de Tenerife y garantizar así que la recientemente aplicada bonificación de 20 céntimos por litro no es utilizada para realizar subidas abusivas del importe y que las operadoras lo aprovechen para aumentar los márgenes de beneficio.
Estos datos, actualizados a los precios establecidos durante los primeros días en los que se ha aplicado esta bonificación, han mostrado que la media de sobrecoste se ha mantenido estable entre las dos islas.
La información con la comparativa se revisará cada martes, coincidiendo con las actualizaciones de los precios que realizan las operadoras. Esta se publicará en la página web de la AHI (ahi-elhierro.es), con un informe detallado del seguimiento, en el que se indicará el margen de la gasolina más cara y la más barata de Tenerife y se calculará la diferencia con la de El Hierro.
Actualmente, pese a que la diferencia que se observa en las islas se mantiene alrededor de los 30 céntimos, el descuento se sigue manteniendo en 20 céntimos, ya que el cálculo de la subvención se establece con la media del coste en las islas de La Gomera, donde el precio por litro es más alto, en La Palma, donde la cuantía es menor, y en El Hierro, quedando esa diferencia en la bonificación que se aplica.
Este informe que semanalmente actualizará la AHI será complementario al control que cada seis meses se realizará para establecer la cuantía de la bonificación, de forma que los herreños dispongan de unos datos actualizados a diario y puedan acceder a la información en el caso de detectar una subida de los precios.

"¿Cómo es posible que el Gobierno de Torres dejara de utilizar esta cantidad de dinero mientras el sector agonizaba y se hundía agobiado por el incremento de los costes de explotación?", interpeló Casañas, quién recordó que "mientras se dejaban de utilizar esos 22 millones de euros vimos a agricultores abandonando sus fincas o a ganaderos sacrificando sus animales porque los gastos superaban con creces lo que ingresaban".

Según Casañas, que el Gobierno de Torres se dedicara a devolver estos 22 millones de euros no sólo supuso que "dejáramos en el camino a productores que estaban pasando apuros, sino que además envía un mensaje a Europa de que nuestro sector primario no necesita ayudas y, por tanto, puede poner en riesgo no sólo la continuidad de estos fondos sino la cuantía de la ficha financiera".

Por esta razón, el diputado popular valoró que el actual Gobierno ya haya celebrado, el pasado mes de febrero, la primera mesa sectorial vinculada al REA "pues con ello conseguiremos no sólo ajustar este balance sino optimizar la ficha financiera y aumentar los niveles de ejecución".

"Así evitaremos repetir los errores del pasado, dar más tiempo a los agricultores y ganaderos para poder usar estas ayudas e impulsar un sector vital no sólo para la economía de Canarias sino para la conservación del medio ambiente y las tradiciones ligadas al mundo rural", concluyó.