Estas medidas se plantean ante el recorte de 450 millones en las partidas para las islas adoptado por el Ejecutivo español, que obliga a realizar una reducción de 87 millones de euros en el capítulo 1- Gastos de Personal- en los Presupuestos Generales de Canarias de 2013.
La viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, y el director general de Función Pública, Aarón Afonso, explicaron que entre las medidas generales, que afectarán a todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y que ya se han negociado en anteriores reuniones, está la aplicación del nuevo régimen de complemento de la prestación económica por Incapacidad Temporal (IT), la no aprobación de Ofertas de Empleo público, excepto el 10 por ciento de tasas de reposición en algunos sectores específicos, la no renovación de contratos temporales o eventuales con fecha de finalización, o la reducción de altos cargos y personal eventual.
Entre las medidas específicas, el Gobierno ha trasladado la propuesta de reducción en un 20 por ciento de la jornada laboral y proporcional de retribuciones del personal laboral temporal e indefinidos por sentencia o por resolución administrativa y funcionarios interinos de la Administración General ¿excluido por tanto el personal estatutario, funcionario y laboral que presta servicios en las administraciones sanitarias integradas en el Servicio canario de la Salud, personal al Servicio de la Administración de Justicia y personal docente no universitarios-, colectivo que supone el 5 por ciento del total de empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir unos 3.300 efectivos.
No obstante, el Gobierno estudiará aplicar un porcentaje inferior a aquellos empleados con contrato a tiempo parcial -que suponen un tercio de los 3.300 empleados afectados- tras una propuesta en este sentido realizada por las organizaciones sindicales, que el Gobierno considera "enriquecedora". En este sentido, el Ejecutivo canario ha emplazado a los representantes de los trabajadores a una nueva reunión para seguir negociando, que se celebrará la próxima semana y les ha propuesto que aporten nuevas medidas alternativas.
Carmen Nieves Rodríguez y Aarón Afonso, que valoraron que las organizaciones sindicales se hayan mostrado abiertas al diálogo, destacaron que la voluntad del Gobierno canario "es evitar a toda costa" las consecuencias de las reformas puestas en marcha por el Ejecutivo del Partido Popular, como la reforma laboral que permite que se produzcan despidos masivos en las Administraciones Públicas, medidas que ya se han aplicado en otras comunidades autónomas.
El Gobierno de Canarias ha buscado una actuación alternativa que evite incrementar las altas tasas de paro que se registran en Canarias, enfatizaron la viceconsejera y el director general, quienes destacaron que el Ejecutivo canario está abierto al diálogo con los representantes de los trabajadores para intentar consensuar las medidas a adoptar y que están motivadas por las restricciones impuestas por el Gobierno español a las comunidades autónomas.
