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21 May

El Consejo Canario de Colegios de Abogados presenta junto al Gobierno de Canarias el modelo canario para incentivar la cultura del acuerdo antes de acudir a la vía judicial

Canarias/ La Ley Orgánica 1/2025 ha transformado el panorama judicial español introduciendo los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como requisito de procedibilidad en la jurisdicción civil.

Esta exigencia busca filtrar los casos que realmente necesitan intervención judicial de aquellos que pueden resolverse mediante acuerdos entre las partes, descongestionar los tribunales y promover soluciones más rápidas y satisfactorias.

Canarias, con una de las tasas de litigiosidad más elevadas de España, se posiciona de esta forma como pionera en la implementación efectiva de este nuevo sistema mediante una innovadora política de incentivos.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, han presentado el modelo canario para reducir la litigiosidad al incentivar la cultura del acuerdo antes de acudir a la vía judicial, con la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia establece este requisito previo. Esta exigencia busca filtrar los casos que realmente necesitan intervención judicial de aquellos que pueden resolverse mediante acuerdos entre las partes, descongestionar los tribunales y promover soluciones más rápidas y satisfactorias.

Se da la circunstancia de que Canarias, que cuenta con una de las tasas de litigiosidad más elevadas de España, se va a posicionar a partir de ahora como pionera en la implementación efectiva de este nuevo sistema mediante una innovadora política de incentivos.
El cambio de paradigma supone pasar de una cultura del litigio a una cultura del acuerdo, alineándose con los sistemas judiciales más avanzados de Europa. "La implantación de este nuevo sistema de compensación consolida el papel clave de la abogacía como protagonista de una justicia más ágil, eficiente y centrada en la solución pactada de los conflictos, evitando, cuando sea posible, el recurso a la vía judicial", ha señalado Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, para quien este avance "no solo dignifica nuestra labor, sino que refuerza el compromiso ético de la profesión, plenamente alineado con los principios del Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía: la defensa de la concordia, el diálogo y los métodos alternativos de resolución como pilares fundamentales de nuestra función social".
Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha recordado que "Canarias va a incentivar la política del acuerdo antes de acudir a la vía como una apuesta decidida por reducir la litigiosidad".
La Ley establece este requisito previo para la jurisdicción civil y mercantil, y en las Islas se estimularán los resultados aplicando el baremo con el mayor incentivo económico a los profesionales de la abogacía de justicia gratuita que finalizan la negociación con acuerdo. "Esto ha sido posible gracias a la colaboración del Consejo Canario de Colegios de Abogados al que agradezco su implicación", señaló la consejera.
Para Nieves Lady Barreto, Canarias, con una de las tasas de litigiosidad más elevadas de España, se posiciona como pionera en la implementación efectiva de este nuevo sistema incentivos. "Con la política del acuerdo frente al litigio vamos a intentar que a los tribunales lleguen menos juicios, rebajar así la carga de trabajo y el coste económico, pero sobre todo va a suponer un avance importantísimo para el ciudadano, ya que podrá ver sus problemas resueltos en un menor periodo de tiempo, rebajando la carga emocional del proceso", apuntó.

Asistieron también a la rueda de prensa el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; Francisco Kabir Vaswani Reboso, presidente de la Comisión Extraestatutaria Especial de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio y vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados; y Mila Pacheco Pérez, presidenta de la Comisión Extraestatutaria Especial de Medios Adecuados para la Resolución de Litigios y Conflictos y vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados.

Un problema estructural. La sobrecarga crónica de los tribunales canarios, tras años con unas de las mayores cifras de litigiosidad, compromete la calidad y la celeridad de la Justicia para todos los ciudadanos. Hasta ahora, los procedimientos judiciales tradicionales han generado además mayores costes económicos, sociales y emocionales tanto para la ciudadanía como para la Administración.
Los MASC representan una oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema judicial mientras se ofrecen soluciones más satisfactorias para las partes implicadas. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha establecido un sistema de compensación económica que prioriza e incentivar de manera contundente el logro de acuerdos.
El modelo canario destaca especialmente al establecer la mayor diferencia retributiva de España entre los procedimientos donde se alcance un acuerdo (418 €), estimulando claramente la resolución efectiva previa a la vía judicial. "Es muy sencillo de entender: llegar a un acuerdo previo en un proceso civil va a permitir a un abogado recibir una cuantía por su trabajo superior a la que recibiría si un proceso se dilata en un juzgado. Y además, en el caso particular de Canarias, es la Comunidad Autónoma de toda España que más abonará si se llega a un acuerdo previo a la vía judicial", ha subrayado Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados.
Esta iniciativa reconoce y valora el papel esencial de la abogacía como agente facilitador de la paz social a través de la negociación y el acuerdo.
Los MASC representan el primer paso de una transformación profunda del sistema de justicia canario. El objetivo final es construir una Justicia más cercana, eficiente y satisfactoria para la ciudadanía canaria.

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