Nieves Lady Barreto manifestó que su departamento apuesta por la "humanización de la Justicia" y que la puesta en marcha del facilitador judicial en Canarias, "garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva para que estas personas puedan entender y hacerse entender en un juzgado".
Iniciada la tramitación del proyecto de decreto por la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa y durante meses se completó con reuniones en varias islas con los colectivos afectados, organizaciones y asociaciones del tercer sector, a las que acudió la consejera, con el objetivo de recabar propuestas sobre el perfil profesional y enriquecer el proyecto de decreto que ahora se somete a información pública, a través del portal de Transparencia.
El reglamento propuesto regula los requisitos, principios de actuación y procedimientos para la designación de facilitadores expertos, así como la creación de un registro administrativo que garantice su disponibilidad y capacitación. Este proyecto tiene como objetivo principal establecer un sistema estructura de apoyos y ajustes procesales que asegure la tutela judicial efectiva promoviendo la igualdad y humanizando la justicia en las sedes judiciales de las islas.
Para poder ser designados como personas facilitadoras judiciales, los profesionales deben ser licenciados/as, graduados/as en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía, licenciado en derecho no ejerciente como abogado y contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: estar en posesión de alguna acreditación o de un certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Además, deben de estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en procesos judiciales; acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o de y las personas mayores y, por último, carecer de antecedentes penales, aportando certificado de Delitos de Naturaleza Sexual o bien permitiendo a la administración pública a comprobar el contenido del registro de Delitos de Naturaleza Sexual.
Otro de los requisitos que recoge el proyecto de decreto es estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal experto facilitador.
Se trata de ofrecer a estos colectivos un nuevo servicio que dé respuesta a una mayor humanización de la justicia apostando por la accesibilidad del sistema judicial, avanzando en la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión. En esta línea de actuaciones la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo.
En la idea de humanizar la justicia también se ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las menores víctimas que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
Este decreto se aplicará en todas las actuaciones procesales en las que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y la persona mayor con una edad de setenta y cinco años o más, participe en las dependencias de los juzgados, Tribunales de Instancia adscritos a alguno de los partidos judiciales de la Comunidad de Autónoma de Canarias, Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia de Canarias todos los órdenes jurisdiccionales, así como las fiscalías de Canarias.
