"La red de Parques Naturales del Archipiélago, cuyos planes de ordenación de recursos naturales no se han tramitado en el plazo requerido por la legislación del Estado, podría ser la enésima víctima de los excesos burocráticos y la negligencia del Gobierno de Rivero", aseguró Miguel Jorge.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera inválida toda declaración de Parque Natural efectuada en las Islas sin estos planes, que la Ley de Conservación de Espacios Naturales de 1989 obliga a aprobar en un año. "Es inaudito que pese a la amplia Jurisprudencia sobre este asunto, el Gobierno pretenda decir que aquí no ha pasado nada", agregó.

"El problema no es solo que la Ley de Espacios Naturales de Canarias de 1994 y su posterior texto refundido no se hayan adaptado a la legislación nacional, sino que todas las multas, autorizaciones y decisiones que se hayan emitido tomando como base una declaración de Parque Natural en las Islas serían nulas de pleno derecho", recordó el parlamentario del PP.

"Este pronunciamiento de los tribunales cuestiona toda la acción política del Ejecutivo y la inútil estructura administrativa tejida en torno a estos espacios", prosiguió Miguel Jorge, quien concluyó recordando que "se supone que nuestro territorio estaba protegido en un 80 por ciento, pero vista la incompetencia del Gobierno regional, ya no sabemos qué pensar".