El acuerdo, suscrito por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, permite resolver las discrepancias competenciales detectadas por el Estado sobre varios preceptos de la norma presupuestaria autonómica y evita así la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Con los criterios de aplicación administrativa y normativa acordados se da seguridad jurídica, como propuso el Estado, a los beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias a la hora de percibir el importe máximo posible de la pensión complementaria activada por el Gobierno insular, puesto que, sin este acuerdo, podía suscitarse la cuestión de que no quedara garantizado que la recibieran si superaba -con la suma de ambas- el tope anual máximo recogido en los Presupuestos Generales del Estado
El ministro Torres ha destacado que este acuerdo, "es fruto del diálogo permanente y la voluntad del Gobierno de España de tender siempre la mano, y aporta una solución con garantías a miles de pensionistas".

Modificaciones aceptadas por Canarias
En virtud del acuerdo alcanzado, el Gobierno de Canarias se compromete a promover modificaciones legislativas para suprimir el apartado 4 del artículo 56 y el apartado cuatro de la disposición final sexta de la ley autonómica. Asimismo, ambas administraciones acuerdan interpretar y aplicar la disposición adicional cuadragésima cuarta conforme a la normativa estatal vigente en materia de pensiones no contributivas y a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.