Así se desprendió de la reunión que mantuvieron el miércoles, 6 de febrero, el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, y el secretario general del PP en Canarias, Asier Antona.
Durante la reunión, Antona manifestó su apoyo a la petición de que los afectados en Canarias por esta ley, cuenten con garantías para que no pierdan sus casas o, en el caso de las zonas que ya tienen una sentencia firme, que se declare una moratoria para que las personas perjudicadas no sean desalojadas hasta que cuenten con otras viviendas para ocupar, una situación en la que deben participar la Administración autonómica, las locales y la estatal.
Langa González también pidió el apoyo del Partido Popular canario para que, a través de las enmiendas que se tramitan en las Cortes Generales, se garantice que las propiedades de los canarios que habitan en núcleos poblacionales consolidados, algunos con más de cien años de existencia, queden excluidas en la nueva normativa, tal y como ocurre en zonas como Formentera y otros núcleos poblacionales de la Península.
Este encuentro forma parte de las reuniones que el representante del Pcalc está llevando a cabo con todas las fuerzas políticas de Canarias, con los ayuntamientos, con los cabildos y con los senadores y diputados con representación en Madrid, en aras de conseguir una postura común para lograr que más de 150.000 canarios no pierdan sus viviendas o sus lugares de trabajo.
La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas cuenta con la web pcalc.es, a la que puede acceder cualquier persona interesada en formar parte de la misma y para estar informada sobre la situación actual de la Ley de Costas. Parte de la recaudación que realiza la plataforma será destinada, a través de la creación de un fondo de asistencia social, para ayudar a aquellas personas afectadas por la actual ley y que no dispongan de medios económicos suficientes.
