La intención es expropiar el uso de la vivienda con un justiprecio, tasado en un porcentaje de su valor, y dárselo a la familia que lo ha perdido a una renta simbólica, según la consejera.

El 25 por ciento del valor de la vivienda correrá a cargo de la familia y el 75 por ciento será por cuenta del Gobierno, que tiene fondos para ello, ha dicho la consejera, para quien "frenar los embargos no es una cuestión económica, es una cuestión social".

Asimismo, para movilizar el parque de viviendas vacías, el Gobierno de Canarias establecerá incentivos para las empresas y entidades financieras, nunca para las personas físicas, y también sanciones.

Así, si la ley estipula, por ejemplo, que una entidad financiera con viviendas vacías debe ponerlas en alquiler, y no lo hace, podrá ser sancionada, ha dicho la consejera.

El Gobierno de Canarias ha decido modificar su actual ley de vivienda "para adaptarla a la realidad social que existe en estos momentos".

Ya se había decidido no ejecutar desahucios en las viviendas protegidas "y vamos a ir más allá, a la vivienda libre", para impedir que los expedientes de desahucios de las entidades financieras no se lleven a cabo en las familias en situación de exclusión social, y sobre todo con hijos pequeños, según la consejera.

El objetivo es que todo el parque de viviendas libres y vacías se movilice "y se ponga a precios asequibles a disposición de la ciudadanía".

En cuanto a las viviendas sociales, el Gobierno canario cuenta actualmente con unas 700 viviendas, de las cuales 500 estaban destinadas a la venta pero se han destinado al alquiler ante la dificultad de conseguir crédito en las entidades financieras.

Estas viviendas se alquilan a precios sociales de unos 200 euros y ya se han alquilado unas 200 en un mes, con lo que quedan disponibles otras 700.

Asimismo el Gobierno canario cuenta con otras 443 viviendas a punto de terminarse que se adjudicarán a las personas más necesitadas en régimen de alquiler, y por las que las familias pagarán 90 euros como máximo.

La consejera ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración de las IX Jornadas de Voluntariado en la comunidad autónoma, centradas en esta edición en el voluntario corporativo y la responsabilidad social de las empresas.