González Ortiz aseguró que la intención del Gobierno es "aclarar qué sucedió y por qué sucedió" como paso previo para tratar de recuperar los 5,2 millones de euros que tendrá que afrontar la comunidad autónoma.

"Una vez delimitadas estas cuestiones, ejerceremos todas aquellas acciones encaminadas a restituir esta cantidad". Para ello, según indicó, habrá que esperar a las conclusiones definitivas del informe que está elaborando los servicios jurídicos.

González Ortiz recordó que fue el Parlamento quien aprobó por unanimidad la concesión del aval a Vanyera y, en cumplimiento de ese mandato, un decreto del Gobierno estableció las bases para esa concesión. A su vez, fue la Consejería de Economía y Hacienda el órgano encargado de realizar los trámites y supervisar la operación.

El citado decreto encomendó a este departamento, de forma expresa y directa, las siguientes tareas: requerir a Vanyera constituir en el plazo de un mes la garantía que respaldaba el aval; elegir otra distinta si la ofrecida no era suficiente; desistir de la operación si la empresa no cumplía con estos requerimientos; y controlar e inspeccionar a la sociedad para verificar la operación.

González Ortiz explicó que, sin embargo, "no consta" que los responsables de entonces de la Consejería requirieran la constitución de esa garantía ni que tampoco se realizase ninguna valoración técnica sobre si ésta era suficiente ni que se llevara a cabo su necesaria inscripción registral.

El consejero expuso que la ausencia de esta inscripción, una condición indispensable para incorporar las deudas de forma preferente en el concurso de acreedores al que estaba sometido la entidad, fue la causa por la que el Gobierno de Canarias perdió todos los derechos de cobro durante la liquidación y posterior venta de la empresa.

"Después de estos hechos –dijo- los servicios jurídicos actuaron en todo momento en defensa de los intereses de la comunidad autónoma, oponiéndose judicialmente al proceso de liquidación".

Según explicó, el juzgado, finalmente, solo estimó parcialmente esa oposición rebajando en 1 millón de euros la cifra inicialmente reclamada en concepto de costas e intereses y limitando a 5,2 millones la ejecución del aval.

"Ante estos acontecimientos –concluyó- el Gobierno no puede permanecer impasible por lo que intentaremos por todos los medios posibles restituir ese dinero cumpliendo así con nuestra responsabilidad y obligación".