La recomendación está recogida en un reciente dictamen del CESE en el que solicita a la Comisión Europea que tenga en cuenta las especificidades de estas regiones en el diseño de las políticas europeas.
Desde el año 2007 Canarias ha incrementado en casi 100.000 el número de personas que quieren acceder al mercado laboral, de las que el 46 por ciento es de nacionalidad extranjera, principalmente comunitarios, mientras que en el resto del Estado esa proporción fue de solo un 29 por ciento.
Según la valoración del Gobierno de Canarias, este fenómeno, que se produce a pesar de la crisis por el efecto llamada del sector turístico, está afectando seriamente al empleo local toda vez que las Islas no tienen capacidad para absorber estos incrementos en las actuales circunstancias de debilidad económica.
El dictamen del Consejo pretende que Bruselas fije en su normativa lo que ya admitió el pasado año a través de la Comunicación que elaboró sobre las RUP. En ese documento se incluía la conveniencia de favorecer el mercado laboral interno de estas regiones permitiendo que las administraciones canarias pudieran primar este aspecto en sus licitaciones y convocatorias de subvenciones públicas.
Mantener el apoyo a las RUP
Por otra parte, el CESE también requiere en su dictamen que, a pesar de un contexto presupuestario sumamente restrictivo, la UE no disminuya el apoyo específico a las RUP ya que deben continuar con los medios financieros necesarios para compensar los efectos de las desventajas derivadas de su alejamiento.
También hace especial hincapié en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de las regiones ultraperiféricas como vía para reducir el paro estructural que padecen. En esta línea, incide en que el empleo, en especial el juvenil, debe ser una prioridad en las políticas europeas para las RUP y destaca la necesidad de aplicar programas de apoyo a la educación y a la formación.
Las inversiones en las grandes redes de transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, la energía y el agua también se erigen como prioridades para garantizar a los ciudadanos de estas regiones un acceso equitativo a los principales servicios.
