Nuevo debate económico en el Parlamento y nuevos enfrentamientos entre el Gobierno y los grupos que lo apoyan contra los de la oposición, que se han mostrado muy beligerantes a la hora de rechazar la subida impositiva aprobada por el Ejecutivo canario para hacer frente al recorte de 800 millones en la financiación estatal.
Un incremento que el portavoz económico del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ha calificado de "bacanal tributaria" y "orgía impositiva", llegando incluso a asegurar que varias de las figuras tributarias de nueva creación, aunque no especificó cuales, "son de dudosa constitucionalidad".
"Un Gobierno que se lanza a una bacanal tributaria, se sume en una orgía impositiva y se niega a las fuentes de riqueza provenientes del petróleo o a dar un golpe de autoridad cerrando la Policía Autonómica", insistió Pérez-Camacho desde la tribuna de oradores.
El portavoz de los conservadores afirmó que a los nacionalistas "no les han servido de nada las bravatas y de nada les van a servir en el futuro".
"No se enfrenten con el Gobierno de la Nación porque esa es una lucha perdida, las guerras se entablan cuando hay posibilidades de ganarlas, no cuando no hay ninguna", afirmó.
Por ello, pidió al Ejecutivo que "opte por la prudencia y por el entendimiento", pues "el problema para Canarias es el Gobierno de Canarias".
DiÁLOGO SI, SUMISIÓN NO
"Estamos por tender la mano a quien haga falta, pero pedimos que no nos desafíen, no pedimos que nos adulen como a Zapatero, sino que no manipulen a la opinión pública en contra nuestra", concluyó.
Este desafío de Pérez-Camacho fue contestado por exconsejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, al asegurar que "diálogo siempre, sumisión ninguna".
Ortiz acusó a los conservadores de "agachar la cabeza" y defender "a su jefe de filas", en referencia a José Manuel Soria, "en vez de los intereses de todos los canarios".
"Van camino del más absoluto desastre, con meses de improvisación, de mentiras y de hacer lo contrario a lo que dijeron", acusó el consejero al Gobierno central del PP.
Pero no estuvo el PP solo en contra del Ejecutivo del Pacto. También contó el Gobierno regional con la crítica del portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, poco partidario de las subidas de impuestos.
"No compartimos esta subida fiscal que hacen tarde y mal. Tarde porque su momento habría sido cuando se aprobaron los Presupuestos, y quizás podría haber sido más gradual, y mal porque no se han respetado los procedimientos", dijo Rodríguez.
Además, también criticó que los "inaceptables recortes" del Estado deban "padecerlos la masa salarial de los trabajadores públicos", pues al cinco por ciento de reducción "se unen las congelaciones de otros años y la reducción que el pasado año hizo el Gobierno central".
INSENSIBILIDAD SIN PRECEDENTES
González Ortiz insistió en explicar por qué se han adoptado "medidas duras" para paliar "un acto de insensibilidad sin precedentes" del Estado hacia Canarias.
"Nuestra postura es firme, nos vamos a resistir al cierre de hospitales y colegios", afirmó el consejero para defender unas medidas con las que afrontar "el sobreesfuerzo injusto e insolidario" que el Gobierno estatal está "exigiendo" a Canarias, "iniciando una senda que pone en peligro el crecimiento económico".
Con todo, de las "decisiones obligadas" por el recorte de financiación estatal. González Ortiz afirmó que el incremento impositivo "solo supone el 30 por ciento" de los ajustes, "pues 550 millones" se llevarán a cabo mediante los distintos recortes.
Tanto el socialista Manuel Marcos Pérez como el nacionalista José Miguel Barragán arroparon al consejero en la defensa de la filosofía de 'lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible', pues ambos coincidieron en que era inviable no subir los impuestos si se querían mantener los servicios públicos esenciales.
"Hay unas lineas rojas que no vamos a traspasar: el mantenimiento de los servicios públicos esenciales", dijo el socialista, para quien los recortes del Estado son la manera de "redimir" lo que a ojos del PP ha sido "un pecado mortal: dejarlos fuera del Gobierno de Canarias".
