Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias formalizaron hoy en el mismo juzgado este incidente de nulidad al considerar que con esta sentencia se ha excedido de jurisdicción, al decidir no aplicar una ley autonómica, acción que sólo puede ejecutar el Tribunal Constitucional.
La pretensión del Gobierno de Canarias con la presentación del incidente de nulidad es que el juzgado número 4 de Tenerife que sentenció sobre el caso de la funcionaria interina retrotraiga la sentencia y plantee la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC si considera que la medida ha vulnerado el Artículo 14 de la Constitución Española (derecho a la igualdad). Otra opción que la presentación del incidente de nulidad posibilita al juzgado es retrotraer la sentencia y, si considera que hay dudas sobre una posible discriminación en aplicación de una directiva europea, plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo (Luxemburgo) sobre la misma.
El Gobierno de Canarias abre esta vía judicial para intentar evitar que haya sentencias contradictorias entre distintos órganos judiciales, ya que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene aún pendiente de resolución la causa judicial iniciada por el Gobierno de Canarias con la presentación de una solicitud de demanda de conflicto colectivo que cursó con el objetivo de unir en un único proceso todos los casos de personal laboral afectado por la reducción de jornada y retribuciones que habían formalizado reclamaciones en juzgados de lo social dispersos por toda Canarias.
Hasta el momento, las actuaciones de la Sala de lo Social del TSJC indican que está planteándose la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, ya que ha pedido a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias que emita sus alegaciones en defensa de la constitucionalidad de la medida. Una decisión que contradice directamente la decisión del juzgado contencioso-administrativo de Tenerife que decidió aplicar directamente el contenido de una Directiva europea, omitiendo el paso previo de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, al q correspondería interpretar si la medida contenida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias es o no ajustada a la referida Directiva.
