Éste ha sido el eje argumental sobre el que ha versado la intervención del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad ante la Comisión General de las Comunidades Autónoma en la Cámara Alta, a la que ha acudido hoy para exponer el criterio de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto al proyecto de ley que se encuentra en pleno debate en el Senado.
Hernández Spínola defendió que la geografía, la demografía, la economía y el medioambiente en Canarias son totalmente diferentes al territorio peninsular. "La diversidad en este país es elevada, pero respecto a Canarias es aún mayor", aseguró el consejero. La gran diferencia que existe entre Canarias y las demás comunidades autónomas justifica que exista en la actualidad un marco político e institucional distinto en el archipiélago al del resto de autonomías.
La existencia de los cabildos insulares con una normativa y marco competencial diferente al que regula las diputaciones provinciales hace que la organización político institucional en Canarias se diferencie de forma notable. De ahí que el Gobierno de Canarias, considere que la Ley de Racionalización y Modernización de la Administración Local debe contemplar esta particularidad.
El Gobierno canario entiende justificado que se reconozca la posibilidad de que exista un régimen especial para Canarias, dejando que la legislación territorial establezca este régimen y los criterios de atribución de competencias a los cabildos insulares y los municipios canarios. "Insistimos en la necesidad de incorporar al proyecto de ley una disposición adicional en la que se contemplen las peculiaridades del régimen administrativo especial de Canarias, en atención al hecho insular", expuso Hernández Spínola.
El consejero también cuestionó la afección que prevé el proyecto de ley a las competencias autonómicas, al obligar a asumir a la comunidad autónoma materias como servicios sociales, y algunas en el ámbito de educación, como la referida a la asunción por la Comunidad autónoma de la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la cooperación con la administración educativa para la obtención de suelos para la construcción de nuevos centos, que hasta ahora son titularidad de los municipios e islas.
Para el Gobierno de Canarias, tal y como están planteadas en el proyecto de ley, "carecen de racionalidad" y afectan negativamente además de que lesionan la autonomía de las comunidades autónomas. "Se trata de un proceso que generará costes y despilfarro de recursos públicos, básicamente con los traspasos de medios materiales y personales de ida y vuelta, amén de lo ineludibles conflictos entre las administraciones implicadas en el proceso", concluyó el consejero.
El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local supone un ataque sin precedentes al mundo local, "al despojar a los ayuntamientos de sus competencias y desmantelar y privatizar los servicios públicos municipales". Además de vulnerar la garantía constitucional de la autonomía local, afecta directamente, y en varios ámbitos, a las Comunidades Autónomas.