Con la modificación, se establece un nuevo criterio más favorable para estas administraciones al fijar unos porcentajes únicos de la recaudación suprimiendo así el sistema vigente desde 2012. La distribución para el próximo año se eleva al 53% para cabildos y ayuntamientos y al 47% para la comunidad autónoma mientras que para 2015 será del 56% y del 44%, respectivamente.
En 2016, finalmente, se alcanzará el 58% y el 42%, porcentajes establecidos en el sistema de reparto tradicional aplicados con anterioridad a 2012.
Como se recordará, el pasado año se varió esa asignación tradicional después de que cabildos y ayuntamientos aceptaran ceder al Gobierno de Canarias una parte de la recaudación que les correspondía por la subida del IGIC. El objeto de esta alteración era compensar el recorte de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para poder sufragar los servicios públicos esenciales que presta la comunidad autónoma.
Impuesto sobre depósitos bancarios
Por otra parte, el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno de hoy incluye la supresión del impuesto sobre los depósitos bancarios vigente en las Islas desde 2012. Tal supresión se realizará con carácter retroactivo al 1 de enero de este año debido a la aprobación de un tributo similar por parte del Estado.
En estos casos, el impuesto estatal prevalece sobre el autonómico dada la imposibilidad de coexistir dos tributos que graven el mismo hecho imponible. No obstante, en aplicación de lo previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y al instaurarse previamente el impuesto canario, el Estado está obligado a compensar a Canarias por esta suspensión.
La compensación, que evita la disminución de ingresos previstos por la comunidad autónoma por este concepto, está en su fase final y deberá ser ingresada por la Administración central antes de terminar el año.
Según este acuerdo, el Gobierno de Canarias percibirá inicialmente del Estado 21,2 millones de euros, importe derivado de la pérdida de recaudación de las cantidades a cuenta que los bancos debían integrar en 2013. Durante el tiempo que el impuesto ha estado en vigor, la comunidad autónoma ha ingresado un total de 70 millones de euros, por lo que a partir de ahora será la cifra que el Gobierno de España deberá ingresar anualmente por esa compensación.