La sesión, organizada por la Dirección General de Seguridad y Emergencia con horario de mañana y tarde en Santa Cruz de Tenerife, ha tenido como objetivo principal profundizar sobre el texto borrador que ha sido elaborado con las conclusiones de diversos grupos de trabajo convocados en los últimos meses.
Este anteproyecto persigue, principalmente, la regulación de cuestiones tan fundamentales como los derechos y deberes de la ciudadanía, de las entidades e instituciones públicas y privadas; las actuaciones básicas del sistema de protección civil y emergencias en sus distintos ámbitos de intervención; la organización y reparto competencial que corresponde a cada nivel de las Administraciones Públicas Canarias; la determinación de las autoridades competentes y las fórmulas de colaboración y coordinación entre las instituciones; los órganos y servicios que configuran el sistema canario de emergencias y sus funciones, incidiendo particularmente en la regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento determinando aspectos del régimen estatutario de su personal; la participación social en las emergencias a través de la regulación del voluntariado y sus funciones, derechos y deberes en el sistema; la función inspectora en la materia y el correspondientes régimen sancionador en caso de incumplimiento de las disposiciones en la materia; y, por último, la financiación del sistema.
Se introduce, asimismo, la participación social en los Planes de Protección Civil con la regulación del voluntariado organizado a través de las agrupaciones locales municipales o las asociaciones legalmente constituidas. Una de las competencias municipales establecidas en el anteproyecto es, precisamente, el fomento del voluntariado en su término municipal.
El voluntariado se contempla en el borrador como personal acreditado por el centro de formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, cuya actuación debe quedar definida en los Planes Municipales de Emergencias así como su participación en simulacros. El voluntariado tiene la obligación de estar perfectamente identificado en cualquier emergencia en la que actúe bajo las órdenes del director técnico.
Por otra parte también se contempla que los bomberos voluntarios se puedan integrar en servicios profesionales de prevención y extinción.
Modelo de organización insular
El borrador, discutido hoy, reconoce la disparidad de sistemas de prevención y extinción que existen en Canarias con tres consorcios insulares, (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) en el que Gran Canaria no incluye a todos sus municipios; y el resto de las Islas están organizadas en torno a bomberos voluntarios y/o AEA; o municipios con su propio parque de bomberos profesionales (caso de Pájara, San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria).
En este sentido el texto no anula lo existente pero sí plantea que, a futuro, en Canarias debería existir un modelo insular de organización de recursos de Protección Civil, en el que se integren profesionales y voluntarios, otorgándole a los cabildos y municipios la libertad de establecer el sistema de organización que más se ajuste a su población, distribución geográfica u orografía.
Para mejorar la actuación coordinada entre todas las Administraciones y lograr homogeneizar la actuación y la interoperatividad es necesario estructurar cada nivel de actuación siguiendo los mismos parámetros en cuanto a catálogo de recursos, mapa de riesgos, etc. Estos deberán estar recogidos en los Planes de Emergencia Municipales (PEMUS), así como en los insulares (PEINS), para articular la operatividad de los recursos en cada nivel y facilitar la dirección y toma de decisiones cuando una Administración superior asume la responsabilidad o cuando es necesario el desplazamiento de recursos de una isla a otra.
En este sentido el borrador de anteproyecto de Ley establece cuáles son las competencias en la Comunidad Autónoma de Canarias de la Consejería competente en materia de Seguridad, de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de los Cabildos Insulares y de los ayuntamientos así como de todos ellos cuando se trate de la gestión de una emergencia no catastrófica.
