Martín Marrero asegura que "el calendario es inaplazable" y se quiere remitir el texto al Parlamento para que sea apobado en junio.

Canarias/ "El calendario es inaplazable" y, por ese motivo, el Consejo de Gobierno ha decidido remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley de medidas administrativas y tributarias con la que Canarias deberá afrontar el recorte de 800 millones de euros en los Presupuestos del Estado sin contar aún con el informe del Consejo Económico y Social (CES).

A día de hoy, el CES solamente ha informado sobre el bloque vinculado a las reformas de la Administración pública, que suponen el 70 por ciento (550 millones) de los recortes, pero no así de la parte referida a las modificaciones legislativas del sistema tributario (250 millones).

"El informe recomendaba modificaciones formales, que no han afectado sustancialmente al proyecto, y si llega el segundo informe tributario en el transcurso del que emita el Consultivo, se realizarán ajustes si es que se dice que hay que hacerlos", confirmó el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, al término de la reunión del gabinete.

Según los plazo, el Consultivo deberá tener su informe ´"la próxima semana" con el fin de que el Gobierno apruebe finalmente el proyecto legislativo para que sea sancionado por el Parlamento en el mes de junio y pueda entrar en vigro en el segundo semestre del año.

Marrero ha recordado que el anteproyecto recoge medidas para la racionalización y distribución de empleados públicos, lo que se conoce como movilidad entre departamentos", y la modificación de la Ley de la Función Pública Canaria en materia de jubilación, permisos, licencias y duración de los procesos selectivos y concursos de méritos y se realizan varias modificaciones legales tendentes a la reducción transitoria de las retribuciones del personal.

Asimismo, se incluye la modificación de la Ley del Fondo de Financiación Municipal en los términos acordado hace dos semanas por el Gobierno regional y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

En cuanto a la parte tributaria, hay que recordar que se instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras que abonarán bancos y cajas y se establece el impuesto a grandes superficies.

Con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5 por ciento actual al 7 por ciento, elevará el establecido con el 2 por ciento al 3 por ciento, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5 por ciento los tipos vigentes del 9 por ciento y el 13 por ciento.

Sobre este tributo, se suprimen también algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil que pasará de estar exenta a tributar al tipo general.

Además, se incrementa el impuesto sobre el combustible, un tributo que a diferencia del Estado, no se actualiza en Canarias desde 2004, dejando inalterable el aplicado al gasóleo profesional.

Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno acordó el aumento de la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros al año, el tipo pasa del 21,5 por ciento al 22,58 por ciento.

Marrero ha recordado que, "lamentablemente", estas medidas son consecuencia de la necesidad de adaptar los Presupuestos regionales a la merma de ingresos que, para Canarias, ha destinado el Estado en el año 2012.