La iniciativa legislativa, que ya fue remitida al Consejo Económico y Social, tiene por objeto adaptar diversas leyes en vigor que requieren ahora su actualización para que su aplicación sea más efectiva.
Los cambios propuestos afectan a diversas áreas y disposiciones normativas, principalmente en el ámbito de hacienda; agricultura, ganadería y alimentación; obras públicas, transportes y política territorial; vivienda; asociaciones y juventud; políticas de igualdad y personal, entre otras.
En el ámbito de hacienda, se modificará la Ley General Tributaria para agilizar la gestión de las reclamaciones económico-administrativas así como la Ley de Hacienda Pública Canaria con el fin de centralizar todos los pagos de la comunidad autónoma en la Dirección General del Tesoro como medida de eficiencia.
En agricultura se incluyen cambios en el procedimiento de autorización y registro de las explotaciones ganaderas y en la gestión de los consejos reguladores de los quesos majoreros y palmeros.
Del mismo modo, se establecen nuevos criterios de interpretación respecto a las dudas surgidas en el planeamiento de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma y se reducen las cuantías de las sanciones estipuladas en la Ley de Transporte Terrestre por Carretera.
En el ámbito sanitario se regulan diversos aspectos relativos al régimen del personal estatutario y en materia educativa se revisan normativas como la Ley de Consejos Escolares y la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario para hacerlas más operativas.
Por último, se modifica la representación de las cámaras de comercio en el Consejo Económico y Social; la ley canaria de igualdad entre hombres y mujeres para incorporar la perspectiva de género en las políticas y acciones de la administración; y la configuración de los Consejos de la Juventud, entre otras actualizaciones.
