"La solicitud reiterada a la ciudadanía de información que ya obra en poder de la administración nos genera a todos un coste añadido, como en el caso del certificado de residencia para viajar", destacó Roberto Moreno durante su participación en un desayuno-coloquio celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías remarcó que los números demuestran cuantitativamente que la decisión de exigir de nuevo a los residentes los certificados impresos "ha sido una majadería administrativa propia de un mal gestor", y sostuvo que esta medida "ha ido en sentido contrario al que las administraciones públicas estamos obligadas a llevar en nuestra relación con la ciudadanía".
El certificado de residencia para viajar en avión y barco tiene un coste superior al que genera la solicitud del certificado de empadronamiento, que supone anualmente unos 330.000 euros, agregó Roberto Moreno, que hizo estas consideraciones durante su intervención en una mesa redonda, en la que habló de la administración electrónica y el intercambio de datos entre las administraciones para minimizar el impacto burocrático en la ciudadanía.
Moreno indicó que el reto tecnológico de todas las administraciones públicas se centra en hacer más inteligente el procesado de datos y la ingente cantidad de información que manejan. "Somos custodios de un volumen ingente de información ciudadana multiplicada tantas veces como administraciones locales, regionales y estatales tenemos; información que debemos interoperar entre todas las administraciones públicas para evitar multiplicidades inútiles y poco eficientes y de la que no se extrae toda la potencialidad", subrayó.
