Berriel, en sustitución de Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, considera que la rebaja fiscal no es sostenible y tendrá un efecto negativo sobre los ingresos públicos. En línea con la valoración realizada por la Comisión Europea y otros organismos independientes, el consejero estima que compromete seriamente los objetivos de déficit fijados para España y traerá consigo una pérdida de recaudación para las comunidades autónomas.
Además de considerar que la iniciativa estatal "no es una reforma fiscal sino una rebaja impositiva marcada por el calendario electoral", el consejero lamentó que el Gobierno central no haya contado con las autonomías en el diseño de esta bajada de impuestos a pesar de afectar de forma directa a sus arcas toda vez que son perceptoras del 50 % del IRPF.
Domingo Berriel señaló que el descenso de ingresos "no debe complicar el cumplimiento de déficit de las comunidades autónomas ni repercutir en el reparto de fondos del sistema de financiación que sufraga los servicios públicos esenciales". Según Berriel, "lo contrario sería una carga extra para Canarias ya que somos la autonomía peor financiada de España".
Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el consejero destacó que la reforma fiscal debe abordarse conjuntamente con la modificación del sistema de financiación, que sigue sin acometerse, "con el fin de que el Estado garantice a Canarias que dispondrá de los recursos suficientes para la prestación de la sanidad, la educación y los servicios sociales".
La posición del Gobierno de Canarias en el CPFF también fue contundente ante la posibilidad de que la rebaja estatal de impuestos sea a costa de nuevos ajustes en las comunidades autónomas para poder cumplir con el déficit o a través de la creación o el incremento de impuestos autonómicos. "Traspasar la presión fiscal a las autonomías es hacer trampas a los ciudadanos", concluyó.
Rechazo a los objetivos de déficit
Por otra parte, la delegación canaria también mostró su rechazo a la distribución de los objetivos de déficit fijados por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las comunidades autónomas para el periodo 2014-2017.
Para este año se establece un límite del 1% del PIB que se reducirá a un 0,7% en 2015; a un 0,3% en 2016; y a la prohibición total de incurrir en déficit en 2017.
El Gobierno de Canarias considera que, como ha sucedido hasta ahora, las comunidades autónomas continúan soportando el mayor peso del ajuste mientras el Estado se reserva el mayor margen de déficit que, además, no cumple al negarse reiteradamente a reducir su gasto.
