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15 Oct

El Gobierno canario seguirá impugnando cada paso en el proceso de privatización de AENA

Canarias/ El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial denuncia que el Estado sigue adelante con el proceso de privatización "sin haber cruzado una sola palabra con Canarias", pese a la insistencia de la Comunidad Autónoma en iniciar una negociación.

El Gobierno de Canarias mantendrá la oposición a la privatización de AENA, S.A., "con todos los recursos a su alcance".

Es una afirmación del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, al conocer que el Estado ya ha decidido vender el 21% de la empresa pública a un grupo bancario, otro de la construcción y a un fondo de inversiones británico, "de los que espero que cuenten con la información de que han tomado parte en una operación que no se ajusta a derecho".

El consejero, que en numerosas ocasiones ha criticado la falta de transparencia del procedimiento empleado para la privatización, recordó que el Gobierno de Canarias considera que la privatización no se ajusta a la legalidad, puesto que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 33.13, establece que la gestión de los aeropuertos de interés general es una competencia ejecutiva de la comunidad autónoma, siempre que el Estado no se reserve su gestión directa.

En este sentido, el Consejero envió una solicitud al Secretario de Estado de Infraestructuras y Presidente de Enaire, para que incluyese la advertencia a los "inversores de referencia" de que la Comunidad Autónoma se oponía frontalmente a esta privatización. De hecho, lo que le comunicó fue el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canaria, que entendió que se vulnera una Ley Orgánica como es el Estatuto de Autonomía de Canarias, por lo que mandató a sus servicios jurídicos a que impugnaran todos y cada uno de los pasos que diesen el Consejo de Ministros, el Ministerio de Fomento, Enaire o AENA, S.A., para privatizar esta última.

Además, el Gobierno canario ha solicitado en repetidas ocasiones la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para la transmisión efectiva de la competencia, entre otras actuaciones que incluirán la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional:

-El 9 de julio de 2014, se remitió carta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, instándole a convocar la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para comenzar el proceso de traspaso de la competencia ejecutiva sobre los aeropuertos canarios de interés general a la Comunidad Autónoma.

-El 29 de julio de 2014, se notificó a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores certificación del acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 24 de julio de 2014, mediante el que se instaba a dicho ente que se hiciera constar expresamente en el folleto informativo de la futura oferta pública de venta de valores del 28 por 100 del capital de la entidad mercantil estatal de capital público «Aena, S.A.», la intención del Gobierno de Canarias de impugnar tal decisión y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

-Con fecha 10 de septiembre de 2014 se recibió respuesta de la mencionada entidad pública, en los siguientes términos:
«En relación con su carta de 29 de julio, en la que me informaba del acuerdo del Gobierno de Canarias adoptado en sesión celebrada el 24 de julio de 2014, le comunico que he dado traslado del mismo a las personas concernidas a efectos de la inclusión de los extremos en ella contenidos en el folleto informativo de la oferta pública de venta de valores que pretende realizar AENA.»

- Los días 23 y 24 de septiembre de 2014, Berriel solicitó a la Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de la Presidencia, en su condición de Secretaria del Consejo de Ministros, la notificación formal de los acuerdos de 13 de junio y de 11 de julio de 2014 del Consejo de Ministros, que desarrollaron y autorizaron el modelo de privatización, instando su expedición a la mayor brevedad posible, por considerarlo esencial para la defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma en el marco constitucional.

-Asimismo, el día 23 de septiembre de 2014, el departamento de Transportes autonómico instó al Presidente de Enaire a que se informara a los inversores interesados de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar la decisión de privatización de «Aena, S.A.» y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

-Por último, el Consejo de Gobierno del jueves, 25 de septiembre de 2014, acordó solicitar que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, definida en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como órgano de negociación en el que tratar de llegar a un acuerdo, como paso previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los acuerdos de Consejo de Ministros de 13 de junio y 11 de julio, que dan sustento al proceso privatizador.

-En esa misma sesión, de 25 de septiembre de 2014, el Gobierno de Canarias acordó recurrir a la Audiencia Nacional para exigir la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, una vez que se han cumplido los tres meses desde la solicitud al Ministerio para su convocatoria, sin haber obtenido respuesta.

Domingo Berriel recordó hoy que la el Gobierno de Canarias se opone a la privatización de Aena porque los aeropuertos son infraestructuras fundamentales y estratégicas para la cohesión territorial y social de Canarias, en una Comunidad Autónoma en la que, además, no existen otras conexiones alternativas y rápidas con el exterior, como pueden ser el ferrocarril o la carretera.

Por último, el consejero autonómico llamó la atención sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015. En él, se estima que el grupo Enaire obtendrá un resultado de explotación después de impuestos de 629 millones de euros, para, inmediatamente después, afirmar que en 2015 ya se repartirá la mitad de los beneficios en dividendos. Por esto, Berriel señaló que cualquier ciudadano debería preguntarse qué necesidad hay de privatizar una empresa pública que genera beneficios, "para distribuir lo que ganan los aeropuertos entre socios privados."

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