Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.

En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones Públicas implicadas.

Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estima conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos con los cabildos para la atención a personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad.

De este modo, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.

El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien se da cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.

A través de estas ayudas, se garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a estos colectivos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

De esta forma, mediante estas ayudas, el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social.