La Fiscalía Provincial de Tenerife toma esta decisión tras comprobar que el 8 de abril de 2011 la mesa de valoración de ese concurso aprobó unos criterios de valoración de las ofertas presentadas "que no estaban previstos en las bases publicadas".
"Por tanto, pudieran haber beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros que, de haberlas conocido con anterioridad, hubieran modificado sus ofertas, resultando particularmente beneficiados unos pocos licitantes que han concentrado la mayor parte de las licencias", asegura en una denuncia fechada el 12 de junio, pero hecha pública hoy por una de las empresa que se consideraban perjudicadas en el reparto.
Fuentes del Gobierno de Canarias consultadas por Efe han indicado ni el Ejecutivo ni los miembros de la mesa de valoración tienen constancia de esta decisión del Ministerio Fiscal.
