Finalizado hoy el plazo para la petición de adhesión, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad comunicó al ministerio que Canarias responde a los tres requisitos exigidos para acceder al FFF de nueva creación, es decir, cumple con el objetivo de déficit, con el límite de deuda y con el plazo medio de pago a proveedores.
El consejero Javier González Ortiz valoró que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y la contención de la deuda "además de una obligación legal, nos permite optar a condiciones de financiación más ventajosas a diferencia de otras comunidades autónomas que no cumplen y superan, con gran diferencia, nuestro endeudamiento".
Para González Ortiz "estas ventajas se traducen en importantes ahorros en los costes financieros que se destinan a incrementar las partidas de los servicios públicos". Es el caso, indicó, del aumento del gasto social que registró el presupuesto de 2015 gracias a la disminución del coste de la deuda del FLA y de la renegociación de otros créditos a tipos más bajos debido a nuestro cumplimiento y solvencia en los mercados".
Sobre los ahorros que obtendría la comunidad autónoma por la financiación al 0% derivada de los nuevos mecanismos, el consejero desmintió los 177 millones de euros cuantificados por el ministerio al que acusó, en la misma línea de otras comunidades autónomas, de "inflar los datos".
A este respecto, rebajó el ahorro a 113 millones pero matizó que gran parte de esa cifra ya se incluyó en el presupuesto canario de 2015, por lo que "la cantidad efectiva que puede moverse ahora a otras partidas, aún pendiente de cuantificar, es bastante menor".
Financiación de 853 millones
Por otra parte, el FFF solicitado por el Gobierno de Canarias alcanzaría los 853 millones de euros, lo que supone la práctica totalidad de las necesidades de financiación de la comunidad autónoma para 2015.
De ellos, 437 millones se imputan a vencimientos de deuda, tanto con bancos españoles como con entidades extranjeras; 294 millones corresponden al déficit público autorizado para este año; y los 121 millones de euros restantes atenderían las devoluciones negativas del sistema de financiación de 2008, 2009 y 2013 así como el reintegro al Estado del extinto IGTE.
