Hernández Spínola afirmó que desde 2011 la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad viene trabajando para que el servicio destinado a prestar tutela judicial a los ciudadanos se desarrolle de forma más eficaz, operativa y funcional.
Una gestión, destacó, que ha concluido con dos nuevos edificios judiciales en Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna, con más medios tecnológicos, con mejoras en sistemas y programas informáticos, con efectivos capaces y bien formados para atender con mayor calidad y agilidad la Administración de Justicia, con avances en el diseño de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, con la adopción de diversas medidas para cumplir el objetivo de reducción del déficit público establecido para todo el sector público y con la estabilidad en el número de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Justicia en Canarias.
Toda esta acción de refuerzo y mejora de los medios materiales, argumentó el consejero, ha sido desplegada cumpliendo las previsiones recogidas en la planificación estratégica de la política pública de Justicia para el periodo 2012-2015, que fue elaborada en 2011. "Así se ha integrado este despliegue de medios de forma coherente y creando sinergias con otros factores, especialmente relevante, el humano".
Hacer un balance de los éxitos alcanzados, de los objetivos no cumplidos y sus causas "es un sano ejercicio de transparencia y una exigencia para cualquier directivo público", insistió.
En tal sentido, consideró que la normativa estatal que deriva de la política legislativa desarrollada por el Ministerio de Justicia no ha favorecido la labor de gestión que precisa la Administración de Justicia. "Demasiados cambios y reformas aún por abordar o a medio tránsito que han hecho entrar en riesgo este servicio público y la defensa de los derechos de los ciudadanos".
Finalmente, Hernández Spínola agradeció a todo el personal de la Administración de Justicia en Canarias, a la sala de Gobierno del TSJC, a la Fiscalía, a los Secretarios Judiciales, a los colectivos profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales), a los funcionarios y a los representantes del personal de Justicia su colaboración para sustanciar la aplicación de las mejoras previstas.
Infraestructuras, Nueva Oficina Judicial y Fiscal, Mediación y Asistencia Jurídica Gratuita
El viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera Puentes, destacó el salto exponencial que ha supuesto en la calidad de la Justicia la puesta en funcionamiento de los dos nuevos edificios judiciales y admitió que el Ejecutivo es consciente de la necesidad de buscar una solución a la dispersión de sedes en Santa Cruz de Tenerife y de un nuevo edificio para Puerto del Rosario.
En cuanto a los nuevos modelos organizativos, destacó que la aprobación del decreto por el que se regulan determinados aspectos de la política de modernización de la Administración de Justicia, referidos a su estructura organizativa, a la modernización tecnológica y mejora de la calidad, ha permitido trabajar ya en el diseño de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal habiéndose programado su inicio con una primera experiencia de Oficina Judicial en el partido judicial de San Cristóbal de La Laguna y con una primera experiencia de Oficina Fiscal en la Fiscalía provincial de Las Palmas.
En lo referente a la mediación, Herrera Puentes puso de relieve el impulso dado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para potenciar este sistema de solución de conflictos fuera de la vía judicial. Concretamente, informó, desde la puesta en marcha en 2009 del servicio de mediación intrajudicial familiar del Gobierno, 828 casos han sido derivados por los juzgados a mediación. De éstos, 449 aceptaron iniciar el proceso y el 41% alcanzó acuerdos totales o parciales.
Se quiere fomentar la mediación antes de la judicialización del conflicto, insistió, y en tal sentido se han firmado dos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Telde y Las Palmas de Gran Canaria para impulsar la mediación en el ámbito familiar y está en trámite la firma de un convenio con Santa Cruz de Tenerife, anunció.
En materia de violencia de género, el viceconsejero afirmó que desde la integración en Atlante de la aplicación electrónica para alertar a las mujeres sobre cualquier tipo de acto procesal que pueda afectar a su seguridad, así como el alcance y cambio de la situación personal del condenado, la fecha de celebración del juicio oral o sobre la sentencia recaída, se han realizado ya más de 5.500 mensajes SMS. Todo ello, gracias al acuerdo de cooperación tecnológica con el Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, Herrera Puentes destacó la cobertura preferente que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha dado al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, situándola en una de las partidas más importantes dentro de los presupuestos. Canarias, expuso, es una de las comunidades en la que los importes de los baremos que se abonan por los procedimientos de la asistencia jurídica gratuita son más altos, superando ampliamente los que se abonan en el territorio que gestiona el Ministerio de Justicia. Concretamente, el pasado año se gestionaron los créditos presupuestarios para el abono a los Colegios profesionales de Abogados y Procuradores por un total de 16.391.151,21 euros.
Modernización, soporte a la actividad judicial, gestión y recursos humanos
Por su parte, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, destacó que la inversión en tecnologías de la información ha girado en torno al sistema de gestión procesal Atlante. Su evolución, explicó, "ha estado centrada en mejorar y hacer más eficaz la labor de los jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios de Justicia y también en incorporar funcionalidades que tuvieran un beneficio directo para los ciudadanos y profesionales jurídicos".
Parres García recalcó que Atlante II se ha consagrado como uno de los mejores sistemas informáticos en el ámbito judicial en España. Su capacidad interpretativa y su continua evolución y desarrollo "lo han situado entre las mejores herramientas informáticas existentes en Justicia". Complementado ahora con el sistema de notificaciones Lexnet, del que ya se benefician todos los órganos judiciales, los procuradores y los graduados sociales y al que pronto se sumarán otra operadores judiciales, desde su puesta en funcionamiento en 2013 se han realizado más de dos millones y medio de notificaciones telemáticas.
El siguiente paso, afirmó, será la presentación telemática de escritos y demandas desde los operadores jurídicos a los juzgados.
En cuanto a los proyectos tecnológicos, subrayó la integración de Atlante con el sistema de grabación de vistas, que posibilitará incorporar al legajo judicial la grabación de las vistas de los juicios, así como la puesta en producción en mayo de la APP de Justicia que ofrecerá a los ciudadanos y profesionales información sobre sus expedientes judiciales y la actividad judicial a través del móvil o tabletas.
Igualmente, puso de relieve la renovación de la totalidad de los equipos informáticos de la Administración de Justicia y la dotación de escáneres de alta gama para todos los partidos judiciales de las Islas. "Durante esta legislatura hemos pasado de 5 a 25 escáneres de gran capacidad especialmente indicados para macro causas", destacó.
Por último, se refirió al proyecto de Cuadro de Mando Integral, una herramienta que posibilita combinar más de cien indicadores básicos de la actividad judicial para multiplicar la información disponible sobre la misma de manera exponencial.
Respecto a las periciales, el director dijo que supuso un gasto de 1.394.489 euros e informó de la puesta en marcha de un "plan de choque" para reducir las periciales psicológicas pendientes mediante la colaboración con los Colegios de Psicólogos de Canarias.
Para mejorar la calidad de los servicios que dan soporte o auxilio a la actividad judicial, como es el caso de los Institutos de Medicina Legal, Parres García especificó que "uno de los compromisos del servicio es el de que el 100% de las autopsias se realicen dentro del plazo de 24 horas, lo que se cumple al 99%".
El grado de ejecución presupuestaria de los créditos consignados para la gestión de la política pública de Justicia ha sido muy alta, del 99%, apuntó el director, y en el capítulo de inversiones, concretamente, fue del 100%.
"Desarrollamos un seguimiento especial a determinados tipos de gastos corrientes en bienes y servicios a fin de intentar mejorar su eficiencia u obtener ahorros", matizó. Así, en gastos de material de oficina ordinario no inventariable se obtuvo un ahorro de 47.341 euros y en servicios postales de más de dos millones de euros.
Finalmente, el director incidió en que durante la legislatura, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha tenido como principal objetivo mantener el esfuerzo presupuestario para no disminuir la plantilla de personal al servicio de la Administración de Justicia. "No sólo se ha podido mantener sino que se ha incrementado", remarcó.
