Las cuantías por las que se retribuyen las actuaciones de abogados y procuradores en los casos de justicia gratuita se establecieron en Canarias por Decreto 57/1998 y con una cláusula de actualización anual conforme al IPC que se mantuvo vigente hasta el año 2009, lo que situó los importes de baremos en Canarias entre los más altos del Estado, especialmente en la retribución de algunas actuaciones como las guardias y las asistencias a detenidos.
El plan de ajuste para cumplir con los objetivos de estabilidad establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluyó objetivos de reducción en la financiación pública de todo tipo de gastos, incluida las líneas destinadas a la Asistencia Jurídica Gratuita, aplicándose medidas extraordinarias de reducción entre el 5% y el 10% en rentas y contratación de servicios y suministros. Esta situación motivó que en diciembre de 2012 se fijaran las nuevas cuantías de baremos con una reducción media del 7,5% de los importes vigentes anteriormente, en consonancia con las restricciones.
Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC confirma que la rebaja lineal del 7,5% aprobada por el Gobierno de Canarias se ajusta plenamente a Derecho sin que haya lugar a ninguno de los pedimentos contenidos en el recurso del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
Cabe resaltar que los importes aplicados actualmente en Canarias para la retribución de abogados y procuradores continúan siendo superiores a la media nacional.
La sentencia del TSJC, contra la que cabe interponer recurso de casación, impone las costas causadas a la parte recurrente.