"Los representantes de Asaga, Asaja, Coag, Apiten, Aceto, Fedex, Apeb, Asprocan, Upa, Palca, Asocan y los consejos reguladores de vinos nos manifestaron que era necesario delimitar cuáles eran los usos complementarios para evitar que se realicen actividades indebidas que perjudiquen a la principal de esas explotaciones, explicó.
Narvay Quintero añadió que se trabajará de forma conjunta con esas organizaciones para que en el proyecto de ley que finalmente se tramite tenga una redacción lo más clara posible de un artículo que "debe suponer un beneficio para los productores". "Del mismo modo, trabajaremos en especificar los productos que podrán comercializarse en las explotaciones que decidan ese uso complementario, otra las preocupaciones de algunos representantes del sector", manifestó.
Según ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, "varias organizaciones temen que ese uso complementario compita con la actividad agraria y desemboque en una merma para el territorio dedicado a la explotación tanto agrícola como ganadera, algo razonable que analizaremos para que quede establecido en la nueva ley de la mejor manera", añadió.
Del mismo modo, Quintero ha informado de que se analizará una ampliación en el concepto de explotación consolidada. "Hemos visto cómo se han aprobado normas para solucionar este asunto que no han tenido los resultados adecuados, algo que pretendemos evitar con esa ampliación".
Así, según explicó, ese cambio supondría mayores facilidades para la regularización de las explotaciones ganaderas -unas 700 esperan por esa legalización en toda Canarias-, y se podrían permitir labores en el suelo que incluyan la mecanización básica, algo que facilitaría la producción.
"En general, se puede decir que la reunión fue muy positiva, ya que se pusieron sobre la mesa cuestiones que nos preocupaban a todos y que se pueden solucionar antes de que esté aprobada la norma", y añadió que lo "más importante es que el sector ve esta ley como una oportunidad de mejora y de impulso a la actividad agraria no solo en lo que se refiere a la mejora en la gestión económica y la competitividad, sino también en la simplificación burocrática".
Entre los aspectos que los representantes del sector primario destacaron como "muy adecuados", se encuentran las facilidades para la realización de obras de mejora sin necesidad de esperar un tiempo indeterminado, la clasificación de instalaciones provisionales o la posibilidad de aumentar la superficie dedicada al sector primario.
