El Gobierno impulsa la dación en pago para familias en paro
"Las condiciones restrictivas que impone el Decreto suponen repetir los errores de la moratoria ICO de 2009 del Gobierno Zapatero", explica la Asociación en un comunicado.
El Decreto "demuestra la necesidad de un debate de la legislación hipotecaria española que se arrastra durante toda la crisis económica y que ha sido instado por todo tipo de instituciones" y exigido por la propia Asociación que ha presentado "alternativas completas en la anterior legislatura que actualmente están en la mesa del ministro De Guindos y del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno".
"La única solución razonable en estos momentos para parar la sangría económica y financiera de los embargos y desahucios es la moratoria de tres años", insiste Adicae, que recuerda que la misma "ha sido aceptada universalmente y permitiría una discusión legislativa tranquila que resolviera definitivamente los problemas planteados".
"El rídiculo interés de la banca, apoyado por De Guindos, de presentarse ante la sociedad española como los nuevos samaritanos del siglo XXI no puede ocultar su interés real por una operación para liberarse de la perniciosa morosidad en aumento que les persigue y daña financieramente, obteniendo pingües beneficios al liberar con estas falsas daciones en pago las crecientes dotaciones por morosidad a las que les obliga la Ley", denuncia Adicae.
"A ello - recuerda - hay que añadir los beneficios fiscales por las 'pérdidas' que les pusieran suponer estas 'generosas' medidas que aporta el Gobierno en un momento en el que se imponen cargas fiscales a todos los ciudadanos", ironiza la Asociación.
Aidcae insiste en que la dación en pago "no es más que una solución in extremis para las personas que en estos momentos se enfrentan al desahucio, y que acabarán perdiendo su vivienda a pesar de que en muchos casos medidas como la moratoria propuesta podrían dar el margen de tiempo suficiente para recuperarla a la salida de la crisis".
Por otra parte, considera que los cambios que propone el Decreto en las tasaciones o los intereses de mora "son sólo un parche que no resuelve las necesidades de reglar estas y otras cuestiones para un funcionamiento normal del mercado hipotecario".
