Canarias tiene regulada la concesión de licencias VTC a través de la modificación que llevó a cabo en 2014 en la Ley del Transporte por Carretera del Archipiélago
El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, asistió hoy en Madrid a la reunión convocada por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para tratar la problemática suscitada entre el sector del taxi y el del arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y defendió ante el Estado el marco regulatorio que estableció Canarias con la modificación introducida en noviembre de 2014 a la Ley 13/2007 de 17 mayo de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, mediante la cual reguló y estableció la proporcionalidad de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.
La reunión, a la que asistieron los representantes en materia de transporte de todas las comunidades autónomas, se celebró con el objetivo de buscar soluciones conjuntas a las incidencias que está generando en el sector del taxi la proliferación de licencias VTC. En el encuentro, el ministro se comprometió a establecer coordinación interadministrativa con los gobiernos regionales e insulares para mejorar las inspecciones. Entre otras medidas, se formará a los cuerpos policiales para el desempeño de esta labor. El vicepresidente aprovechó la oportunidad y solicitó al ministro aumentar las medidas para "evitar el intrusismo" en las infraestructuras portuarias y aeroportuarias del Estado en Canarias.
Pablo Rodríguez señaló que "el Gobierno de Canarias, con el objetivo de que no se viese afectado el sector del taxi por la proliferación de las licencias VTC en los años más duros de la crisis, reguló, mediante modificación de la Ley regional, la posibilidad de que solo existiese una licencia de esta modalidad por cada 30 concedidas para taxis, un hecho que ha permitido que la situación en las Islas hoy sea diferente al del resto de España, donde se están produciendo serios problemas de regulación del mercado con motivo del vacío jurídico que existe en algunas comunidades".
El vicepresidente añadió que"el Ejecutivo canario defenderá, por un lado, que los dos millones de canarios y los 15 millones de turistas que visitan cada año el Archipiélago cuenten con un transporte de calidad y, por otro lado, que no se genere un problema de destrucción de puestos de trabajo y pérdida de derechos adquiridos por los taxistas de las Islas, todo ello sin menoscabo de que los avances tecnológicos puedan suponer valor añadido al servicio que estos ya prestan".
La Ley del Transporte por carreteras de Canarias en su artículo 79 establece exactamente que, para que no se produzcan desequilibrios, por cada 30 autorizaciones de transporte público discrecional interurbano de viajeros con capacidad de hasta nueva plazas, se podrá conceder una única autorización de arrendamiento de vehículo con conductor.