Mientras las familias y empresas canarias han reaccionado con agilidad para adaptarse a la realidad económica que vivimos, el despilfarro público continúa y no parece que estén por la labor de reducirlo".

Esto es un "lujo que no nos podemos permitir y que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Se ha creado una superestructura administrativa, acompañada de organismos y empresas públicas, que debe racionalizarse", explican.

Los empresarios reconocen que "el Sector Público juega un papel fundamental en los países de nuestro entorno, por eso es tan importante que desempeñe sus funciones de la forma más eficiente. La sociedad no acepta que los administradores públicos busquen acomodo a familiares, amigos y simpatizantes de los partidos políticos sin que estos hayan demostrado capacidad o méritos para ello, y cada vez exige de forma más contundente que se asuma con responsabilidad el coste de cerrar o reducir aquellas empresas, organismos o fundaciones cuya actividad no sea necesaria o que no pueda ser desempeñada con mayor eficiencia por el sector privado".

Recuerdan que "tenemos una tasa de paro en Canarias propia de una economía de guerra. Más del 33 por ciento de la población activa se encuentra en situación de trabajar y no puede hacerlo. Estamos por encima de Macedonia y casi a punto de alcanzar a Afganistán, sin que se observen inquietudes innovadoras entre nuestra clase política ante esta realidad. Este drama no se resuelve engordando todavía más la administración o legislando y creando nuevos costes y regulaciones a las empresas. La solución es dejar que los empresarios trabajen, facilitar que arriesguen su capital, que saquen a relucir la creatividad y capacidad de trabajo que siempre ha caracterizado al isleño, acostumbrado a formar una piña con su personal para crear la riqueza que, por desgracia, los sucesivos Gobiernos de Canarias han dilapidado. Una riqueza que se fue acumulando con el esfuerzo de generaciones de trabajadores y empresarios mientras se iba aumentando al mismo tiempo una gigantesca maraña administrativa que ni funciona ni parece que responda a nuestras necesidades".

"La presión intervencionista del Gobierno sobre el mercado canario", continúa la declaración, "más propio de los fracasados sistemas de planificación central que de las economías de nuestro entorno, nos ha ido llevando a una situación disparatada queahora nadie parece ser capaz de desmontar ni de gestionar por administradores públicos que han abandonado los intereses ciudadanos dedicando su tiempo a hacer una política populista cuyo fin último es tener presencia en los medios de comunicación con intereses exclusivamente partidistas. Ha llegado el momento de reclamar que centren sus debates políticos en el Parlamento de Canarias y que dediquen el máximo tiempo y esfuerzo a administrar con celo los ingresos que obtienen del enorme esfuerzo de los trabajadores y empresarios canarios".

Los empresarios critican que "solo la incapacidad de gestionar los recursos públicos puede justificar que se cree alarma social con amenazas de cierre de colegios, hospitales o reducción de servicios sociales básicos. Ha llegado el momento de plantear grandes cambios, de buscar soluciones basadas en la política realista que una sociedad madura como la canaria demanda. Soluciones que en definitiva no se deben alejar demasiado de las que, basadas en el sentido común, ya hemos aplicado las familias y las empresas".

Aseguran que "el modelo autonómico español se ha desvirtuado convirtiendo a las Comunidades en centros de gasto en los que la gestión presupuestaria ha ido perdiendo rigor hasta llevarlas a una situación financiera insostenible. Nos preguntamos por qué los administradores de las Comunidades Autónomas han asumido competencias propias del Estado sin que ello suponga una mejora en la eficiencia de los servicios que reciben los ciudadanos. Esta puede ser una de las causas de que el paro juvenil en Canarias sea el 62 por ciento mientras que Alemania apenas llega al 7, no podemos pretender que nada cambie si queremos un futuro diferente.

"Nos pretenden persuadir", en relación al Gobierno canario, que "legislatura tras legislatura, que las soluciones pasan por disponer de más y más dinero. Es lo que nos ha llevado a una pésima gestión de los abundantes recursos que se han dilapidado en épocas de crecimiento económico. Ahora echamos de menos administradores públicos responsables y cualificados que sepan enfrentarse a la grave situación que atravesamos con creatividad, capacidad de trabajo, y el esfuerzo y seriedad necesarios para recuperar cuanto antes la estabilidad económica que pueda garantizarnos las cotas de bienestar que hemos perdido".

Por ello, "animamos al gobierno canario a analizar modelos de gestión que han permitido a muchas familias y empresas canarias reaccionar con rapidez en la corrección de errores cometidos y que puede ser el camino, si nos dejan trabajar, para que recuperemos nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo económico".

Y avanzan que "no podemos compartir la estrategia de confrontación permanente que se fomenta desde el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, e incluso con los gobiernos de las diferentes Islas. Las empresas no superan las adversidades enemistándose con sus proveedores, clientes, touroperadores, fabricantes o mayoristas, sino arrimando el hombro y fomentando la colaboración y el diálogo para generar las condiciones necesarias para generar de nuevo inversión y empleo".

"En estos momentos es más importante que nunca que el Gobierno de Canarias concentre sus esfuerzos en gestionar y dar los pasos necesarios para que se generen las condiciones necesarias para que los empresarios puedan seguir generando empleo en Canarias, dejando a un lado toda la retórica que éste y anteriores Gobiernos han utilizado contra los empresarios. No es posible generar empleo si la Administración lo impide de forma sistemática. Las ansias de intervención han llevado a la creación de una red burocrática tan compleja que ha supuesto la pérdida de innumerables
oportunidades de inversión que hoy todos lamentamos. No pedimos carta blanca pero tampoco tarjeta roja. Tenemos gobernantes que se creen en posesión de la verdad absoluta, que pretenden condicionar con sus leyes redundantes las demandas del mercado y la función que debe desempeñar el empresario. Una muestra de ello es y sigue siendo la moratoria que ha provocado y sigue provocando efectos perversos y devastadores en nuestra economía", explican.

Afirman que "no se puede atraer inversiones ni crear empleo si se tarda 10 años en superar la compleja maraña burocrática para poner en marcha un campo de golf o un centro comercial. Tampoco si un puerto deportivo se enfrenta a 15 años de trabas antes de ver la luz. ¿Evitar esto es pedir carta blanca? Pedimos un debate sosegado".

"Creemos que no es sostenible reclamar mayores transferencias al Estado o Instituciones Europeas a la vez que se limita la actividad económica en una región como Canarias que tiene importantes recursos y oportunidades en sectores como el turismo, sus puertos y aeropuertos, la extracciones petrolíferas en aguas españolas y africanas cercanas a nuestras Islas, nuestra oferta sanitaria, cultural, y otras muchas actividades que podría emprender la generación de jóvenes mejor preparados de Canarias, a los que hemos financiado su educación y a los que no ofrecemos otra salida que emigrar", defienden en el comunicado.

Y finalizan asegurando que "es inexcusable ponerse manos a la obra, le toca mover ficha al Gobierno canario porque antes lo hicieron trabajadores y empresarios. No hay excusas, no podemos seguir contando con una administración como la que tenemos para gestionar las necesidades de dos millones de canarios".