El curso, que tiene una duración de seis semanas, arrancó hoy en Las Palmas de Gran Canaria con la presencia del viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero y el director general de Ordenación, Pedro Afonso. La primera ponencia, que corrió a cargo de Francisco Villar, catedrático en Derecho Administrativo, contó con más de un centenar de participantes.
En ese sentido, el viceconsejero de Política Territoral, Jesús Romero, explicó que "con este curso formativo continuo, el Gobierno quiere garantizar la correcta aplicación de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos y con ella conocer las vías legales dentro de esta ley, tales como el estatuto de la propiedad del suelo, planificación y evaluación ambiental, gestión urbanística, intervención y disciplina urbanística, régimen sancionador y régimen transitorio".
Romero indicó que "estamos ante una nueva normativa que viene a sustituir a la existente, una ley que innova, que recoge un único modelo territorial de Canarias y que mantiene la división clásica del suelo urbano; una norma que simplifica y agiliza procedimientos y que regula los recursos propios del suelo agrícola; una ley que no contiene amenaza alguna hacia nuestro territorio, una ley hecha desde el respeto a nuestro territorio; una ley de una sola letra: la de F de futuro".
Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio, Pedro Afonso, añadió que "para el Gobierno, el trabajo no termina con la entrada en vigor de esta ley, sino que comienza ahora en aplicación de un nuevo texto para esta normativa. Formación, unificación de criterios y oficina de apoyo para información de los municipios, son las claves para garantizar la correcta aplicación, porque es preciso estar presente en todo el territorio de Canarias y que se aplique en cada uno de sus rincones".
Francisco Villar explicó las razones, claves y líneas maestras de la nueva Ley. En ese sentido, detalló los problemas generados anteriormente a esta nueva Ley del Suelo, las alternativas y la capacidad de regulación del legislador canario, esto es, el marco legislativo de acción que había para realizar la nueva ley.
"Teníamos una confusión de normativa con tres leyes, multitud de planes, fronteras confusas (insular y municipal), remisiones pendientes, directrices, adaptaciones sucesivas y sinfín. Además, teníamos contenidos ilimitados de los planes con una pretensión de responder a todo problema imaginable". Asimismo, indicó que la norma anterior daba rigidez en la adaptación a la realidad y procedimientos interminables, además de inseguridad jurídica con la anulación judicial de planes, tensiones entre administraciones con los controles de legalidad convertidos en oportunidad, entre otros".
Villar destacó que el resultado de lo anteriormente citado "era una carga injustificada sobre las empresas y sobre los ciudadanos de a pie". Y dejó claro que la nueva ley que entró en vigor "es unificadora, innovadora y completa" y que atiende a la calidad de vida de los ciudadanos.
Este curso de especialización dará comienzo en Tenerife el 25 de septiembre y se alargará hasta el 8 de noviembre. Las jornadas abordarán los problemas de cabildos y ayuntamientos para redactar sus planeamientos. Además, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad realizará formación continuada en el resto de islas, en función de las necesidades que trasladen sus administraciones locales.
Los ponentes serán, en su mayoría, abogados y especialistas en Derecho Urbanístico, que desgranarán durante las jornadas aspectos como el Registro de Planeamiento de Canarias, los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, el régimen jurídico de la gestión urbanística, los procedimientos administrativos, las garantías de los ciudadanos, entre otros muchos aspectos.