Durante el encuentro, se intercambió información sobre posibles áreas a abordar en los respectivos programas para 2018, identificándose los ámbitos de interés compartido para evitar duplicidades o lagunas y fortalecer la cooperación y las actuaciones conjuntas en el ámbito de la fiscalización del sector público local.
Por ello, la Comisión de Coordinación puso especial atención en el análisis de los niveles de rendición de las cuentas correspondientes a 2016 y en los resultados del desarrollo de los planes de actuaciones impulsados por las instituciones fiscalizadoras para promoverla. Asimismo, se examinó la remisión obligatoria de las entidades locales de la información sobre los contratos y convenios formalizados y sobre acuerdos adoptados en contra de los reparos interpuestos por los interventores, información esencial para la ejecución de la fiscalización.
También se abordaron cuestiones encaminadas al establecimiento de mecanismos para el impulso de acciones coordinadas, se examinó el estado de situación de la fiscalización de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, que el Tribunal de Cuentas y los OCEx llevan a cabo en colaboración, y que se finalizará en este año. Igualmente se discutieron diversas iniciativas encaminadas a homogeneizar procedimientos, actuaciones y herramientas de trabajo.
Por otro lado, en la reunión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales se presentaron diversas propuestas para fortalecer la operativa de esta herramienta informática y el rendimiento de sus utilidades.
La plena rendición de las cuentas generales por parte de las entidades locales constituye una prioridad para las instituciones fiscalizadoras, ya que se trata no solo de una obligación legal, sino fundamentalmente de un deber básico para hacer efectiva la necesaria transparencia de la gestión, por lo que su omisión constituye un déficit democrático.
Igualmente, se presentaron diversas propuestas para adaptar en la mayor medida posible la operativa de esta herramienta informática y de sus utilidades a los desarrollos de sus aplicaciones y a las necesidades de los usuarios, para obtener el máximo rendimiento de la explotación de los datos contenidos en ella.
La Plataforma, que se puso en marcha en 2007 y cuyo uso comparten el Tribunal de Cuentas y la mayor parte de los OCEx, contribuye de manera significativa a la simplificación de la rendición de las cuentas y de la remisión regular a las instituciones fiscalizadoras de la información y documentación que están obligadas a aportar las entidades locales, a la mejora de la calidad de la información remitida y a favorecer la transparencia en la gestión.
