"En efecto, si falla el diálogo iremos a los tribunales, estamos preparando la demanda correspondiente, porque tenemos que ejercer ese derecho en defensa de los ciudadanos", reconoció Berriel.

Previamente, el diputado socialista Julio Cruz exigió a Berriel que "si el diálogo no funciona, le ampara la Ley, el Parlamento canario y la Justicia para llevar a los tribunales" al Ejecutivo de Rajoy "por incumplir lo firmado en un convenio" entre administraciones.

VULNERAR EL FUERO

Un convenio que, para Berriel, está basado en "un mandato legal, un fuero legal", porque el mismo "es una compensación a que no tengamos carreteras de interés general del Estado" porque ninguna atraviesa por varias comunidades autónomas.

Un recorte "dictatorial e ilegítimo" del 67 por ciento sobre los 207 millones previstos para este año que, a juicio de Berriel, está totalmente "injustificado", ya que la partida para invertir en infraestructuras viarias en los Presupuestos del Estado se incrementó un 24,33 por ciento respecto a 2012.

Esta disminución inversora, además, vulnera el principio del propio Convenio de Carreteras de que "cualquier alteración de lo convenido debe ser pactado" entre Canarias y el Estado, a través de la Comisión Bilateral.

Así lo ha afirmado Berriel en su comparecencia solicitada por el diputado nacionalista José Luis Perestelo, preocupado por la posibilidad de que en 2013 haya nuevos recortes que afecten a las previsiones canarias.

Un temor compartido por el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, para quien "es fácil concluir que vamos a tener un trato presupuestario en inversiones terrorífico" en las Cuentas de 2013.

NEPOTISMO POLÍTICO
Las palabras del consejero demostraron, según el socialista Cruz, que el Gobierno de Rajoy practica un "nepotismo político sin parangón en los últimos 30 años, porque sube la partida para toda España un 24 por ciento y en Canarias baja un 67 por ciento, con el fin de beneficiar a las comunidades del PP".

Precisamente, Perestelo recordó en la tribuna de oradores que la ministra Pastor es gallega y que, en el Congreso de los Diputados, "ha dicho que su gran prioridad es el AVE a Galicia".

"Nos alegramos por los gallegos, pero no podemos permitir que los incumplimientos que afectan al Estatuto y a los intereses de los canarios sean aplaudidos por el grupo del PP", dijo Perestelo.

Sin embargo, el conservador Miguel Jorge Blanco defendió al presidente Rajoy, ya que "no ha habido incumplimiento, sino una gran estafa" por parte del Ejecutivo saliente de José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó en las arcas estatales "un agujero de 30.000 millones de euros".

"Nadie puede desdecirse de una promesa firmada, eso es un agresión al pacto suscrito en un convenio, porque la palabra del Estado debe seguir siendo una garantía en las relaciones", insistió Berriel.

"Cuando uno no cumple su programa electoral, como ha reconocido Rajoy, solo queda disolver las cámaras y convocar elecciones o someter sus decisiones a un referéndum", replicó Perestelo al portavoz conservador.