Barragán, que recordó que la elaboración del plan se puso en marcha con el equipo anterior y que apostó por darle continuidad al entender que se trata de una necesidad para Canarias, se mostró convencido de que las actuaciones incluidas en este documento ayudarán a mejorar el trabajo de quienes habitualmente trabajan en el ámbito judicial en espacios adecuados para el desempeño de su función y a dignificar el servicio que recibe la ciudadanía que acude a los juzgados mediante dependencias adecuadas, que es el centro de nuestras decisiones y en cuyo interés obramos.
Entre otros aspectos, estas mejoras persiguen dar una prestación satisfactoria de un modo diferenciado a las víctimas de violencia de género, sean mujeres o menores y, asimismo, busca poner en funcionamiento un nuevo modelo organizativo para gestionar la Administración de Justicia de forma centralizada mediante la constitución de los servicios comunes procesales en el marco del diseño y planificación de una nueva estructura bajo el modelo de las nuevas oficinas fiscal y judicial, lo que supone un cambio de paradigma en el funcionamiento de la justicia en general.
Entre otros objetivos, la planificación persigue reunificar las sedes dispersas y concentrar el desarrollo de la actividad judicial y fiscal en un único inmueble por partido, cambiar el modelo de oficina judicial atomizada, autogestionaria y autosuficiente por un diseño de oficina judicial tipo que potencie las estructuras y servicios comunes, modernizar y mejorar los espacios que ocupan jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de la Administración de Justicia, eliminar las dependencias arrendadas, racionalizar el gasto corriente, hacer accesibles los edificios que no lo sean e integrar las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos y las de Mediación en espacios judiciales independientes.
De forma general, explicó el consejero, el plan contempla que los edificios que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2018 que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública tendrán que ser edificios de consumo de energía casi nulo.
Entre sus principales actuaciones, contempla la construcción de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y de nuevas sedes para para el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, los juzgados de Puerto del Rosario, de Granadilla de Abona, de La Orotava-Puerto de La Cruz, de Santa Cruz de La Palma y de Los Llanos de Aridane, todo ello con una inversión de 258,5 millones de euros, que asciende a 425,7 millones de euros si se contemplan también el valor del dinero en el tiempo y se añaden la inversión necesaria en otros conceptos, como estudios, proyectos y direcciones de obra.
Además, esta segunda fase del plan contempla ampliaciones o mejoras en las infraestructuras existentes del Instituto de Medicina Legal y en el Palacio de Justicia, ambos de Las Palmas de Gran Canaria, así como de los juzgados de La Laguna, además de la adaptación a la nueva oficina judicial en los partidos judiciales de San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa María de Guía, Arucas, Arrecife, Arona, Icod de Los Vinos, La Orotava, Güímar, Valverde y San Sebastián de La Gomera con un coste total de 32 millones.