En este sentido, el director general de la Función Pública, Francisco Rodríguez, defendió que toda mejora en las condiciones de trabajo supone una inversión para la mejora en la calidad de los servicios públicos y que el Ejecutivo autonómico comparte que es de justicia devolver al personal públicos parte del esfuerzo que han realizado, y que siguen realizando, con motivo de la crisis económica durante los años pasados.

En estos momentos, explicó el director general, el Gobierno de Canarias analiza en sus distintos sectores (Administración General, Educación, Sanidad, Justicia) el impacto económico y organizacional de las medidas contenidas en aquel acuerdo con la intención de analizar hasta dónde puede llegar la negociación sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de nuestra Comunidad Autónoma, que hasta ahora ha sido fiel cumplidora de sus obligaciones presupuestarias.

De esta manera, Rodríguez recuerda que ya el Gobierno ha dado claras muestras de esa posición con la mejora de las condiciones retributivas del personal funcionario en la LPGCAC, con el acuerdo de aplicación de la jornada normal al personal funcionario de Administración General, con la ampliación del catálogo de enfermedades que dan derecho al 100% de las retribuciones, con la incorporación de nuevas medidas de conciliación, entre otras.