El decreto clasifica a las playas como libres, peligrosas o de uso prohibido. En las playas peligrosas o libres se determinará el grado de protección para cada una de las temporadas de afluencia, que podrá ser bajo, moderado o alto. Dicho grado de protección será el resultado de combinar el criterio de la afluencia de personas con el riesgo intrínseco de la playa, según los parámetros establecidos en el propio decreto. Si es moderado o alto, la playa deberá contar con el correspondiente Plan de Seguridad y Salvamento elaborado por el ayuntamiento.
Además, el texto establece la creación del Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias como instrumento al servicio de las diferentes administraciones públicas y de la ciudadanía en general. Este documento permitirá conocer los diferentes tipos de playas y otras zonas de baño marítimas conforme a su clasificación, sus características físicas, los grados de protección por temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de Protección Civil. Solo Baleares cuenta con una norma de similares características.
Las medidas del decreto llevan aparejada la financiación dentro del Fondo Canario de Financiación Municipal, que se incrementa y consolida este año en 30 millones de euros para competencias municipales que son de interés general para el Gobierno, competencias enumeradas en los Presupuestos de 2018, entre las que se encuentran las medidas de seguridad en playas y zonas.
Para prestar apoyo técnico a los consistorios en esta tarea, la Dirección General de Seguridad y Emergencias puso en marcha la plataforma web www.infoplayascanarias.es, en la que ya se han registrado 56 de los 77 municipios costeros de Canarias.
