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03 Dic

Políticas Sociales denuncia la ínfima inversión en Dependencia que hace el Estado en el Archipiélago

Canarias/ La Ley de Dependencia lleva años sin responder al pacto acordado entre Comunidades Autónomas y Estado.

No es una queja de Canarias, sino una denuncia que hacen regiones de todo el territorio español, con independencia de su color político. En 2017, el último ejercicio cerrado, el Gobierno del Partido Popular no aportó ni dos de cada diez euros destinados a la financiación del sistema de dependencia en Canarias. Es decir, mientras el Ejecutivo canario inyectó el 82,90% de la financiación pública del sistema de atención a las personas en situación de dependencia -porcentaje que se incrementa hasta el 86,7% si le añadimos la participación de los Cabildos insulares-, el Gobierno del PP solo financió un escaso 13,30%", afirma la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García.

De hecho, subrayó García, "con la aportación que Canarias dejó de recibir de la financiación del Gobierno del PP en 2017, cuyo secretario de Estado de Servicios Sociales en ese momento era el popular Mario Garcés, se podrían haber atendido muchos nuevos dependientes y haber generado nuevos empleos".
La directora hizo estas declaraciones tras conocer las críticas "sin fundamento" vertidas por Gracés, que formó parte del equipo del expresidente Mariano Rajoy en años donde los recortes fueron muy duros y afectaron a todo el territorio español. "No es de recibo que se critique la gestión después de un incumplimiento tan grave en la financiación de unos servicios fundamentales para miles de ciudadanos", lamentó.
"Volver a sacar el tema de la gestión del Ejecutivo canario en materia de Dependencia por parte del exsecretario tiene una motivación puramente electoralista, es buscar la paja en el ojo ajeno pero no ver la viga en el propio", enfatizó la directora general, quien recordó que esta infrafinanciación se no es anecdótica, sino "una tendencia". "En 2016 los porcentajes de aportaciones fueron muy similares".
Hay que recordar que la reducida financiación que aporta el Estado ha sido criticada también por la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha advertido que el peso del sistema está recayendo esencialmente sobre las comunidades autónomas y que el Estado no está cumpliendo con su deber. De hecho, según esta asociación, en 2017 el Estado no gastó 44 millones de la partida de dependencia.

Sin embargo, en Canarias se ha ido incrementando la financiación a la par que se aumenta la cifra de personas dependientes con prestación. De hecho, si de enero a octubre de 2016, la nómina ascendió a 32.925.896,39 euros, este montante se incrementó hasta los 37.265.096,82 euros para el mismo periodo de 2017 y hasta los 43.882.258,65 euros en 2018; es decir, 11 millones de euros más en nómina que en 2016 durante esos meses.

Hay que recordar que el Ejecutivo canario ha firmado, por primera vez este año, un acuerdo para establecer la plurianualidad de los convenios de atención a personas en situación de dependencia por un importe global de 448.344.420 euros para el periodo 2018-2021, mediante los cuales se financian un total de 10.670 plazas para personas mayores y personas con discapacidad, así como 420.900 horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía personal.

"Es decir, hemos ido mejorando poco a poco gracias al considerable esfuerzo económico para mejorar las cifras de atención a las personas dependientes, esfuerzo que se ha visto materializado, entre otras cosas, en el establecimiento de la financiación plurianual en los convenios para la atención a personas con dependencia y discapacidad que se establecen con los Cabildos insulares, así como el impulso que estamos realizando a la construcción de nuevos recursos en el marco del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, que cuenta ya con una partida que supera los 161 millones de euros", sentencia García.

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