De esta forma, el Ejecutivo canario autoriza la ejecución del acuerdo extrajudicial derivado del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo dictadas los días 22 de diciembre de 2017, 19 de febrero, 15 de marzo y 26 de junio de 2018, que han estimado los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno de Canarias frente al incumpliendo del Ministerio de Fomento que declaran la obligación de la Administración General del Estado de transferir a la comunidad autónoma las cantidades comprometidas en el Convenio de Carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia tuvo que ser efectiva.
Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo reconocen el derecho de la Comunidad Autónoma de Canarias a percibir las cantidades acordadas en el Convenio de colaboración y, en consecuencia, el Estado debe abonar la cantidad de 864.700.000,00 euros, más los intereses legales fijados en la cantidad de 80.849.761,71 euros, lo que hace un total de 945.549.761,71 euros. Cantidad que se hará efectiva en ocho anualidades (2018-2025). Asimismo, y dado que el Gobierno de Canarias no ha podido ejecutar obra en el periodo de vigencia del convenio por la totalidad del importe adeudado, al no tener suficiente disponibilidad presupuestaria, procede prorrogar la vigencia del convenio a 31 de diciembre de 2021, a efectos de poder finalizar las obras contenidas en el convenio e imputar su gasto a éste. El acuerdo también establece que durante las anualidades 2018 a 2025 el Ministerio de Fomento abonará a la Comunidad Autónoma de Canarias anualmente la cantidad de 118.196.720,00 euros.
La ejecución de este acuerdo extrajudicial permitirá continuar obras como la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria; Bajamar-Tajuya en La Palma; Ofra-El Chorrillo en Tenerife; y Costa Calma-Pecenescal y La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura.
