"Cuando el informe afirma que "El coste total del Sistema de Dependencia en Canarias es de 177 millones de euros, de los cuales la comunidad aporta 118 millones y solo el 20% restante lo hace el Estado" no sabemos muy bien a qué se refieren", asegura García Silva. "Sólo en los convenios con los cabildos, el año pasado el Gobierno de Canarias aportó 104 millones de euros; más la financiación de los propios cabildos, ya hacen unos 160 millones, más 30 millones en prestaciones de financiación propia, excluyendo la aportación del Estado, son 190 millones de euros, a los que habría que añadir el importe que se da vía subvención a las entidades que trabajan con dependientes y personas con discapacidad, que son otro tipo de servicios. Y aquí no incluimos el copago. Además, sólo en 2018 se invirtieron más de 22 millones de euros en la aportación plurianual para la construcción de las 5.500 plazas que contemplan los convenios con los cabildos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias", remata la directora.
"Estos son errores muy graves detectados a vuelapluma, esperamos poder analizar el informe más detalladamente para demostrar, con datos, que no puede ser fiable un informe que sólo refleja lo que le interesa reflejar, dejando fuera importantísimas aportaciones y mejoras de datos que soslayan", afirma la directora general.
"Partimos de una base de carencia estructural general, los recortes del Estado afectaron enormemente al sistema, que ha empezado a crecer desde 2016. Los 75 millones de recortes del Estado acumulados desde 2012 podrían haber solventado la diferencia entre comunidades autónomas" explica Eulalia García, quien puntualiza a su vez que "Sólo en 2018 dejamos de recibir 10,9 millones de euros del Estado con los que se podrían haber atendido a 1.711 dependientes más, según señala el propio informe".
Por otro lado, resulta curioso que hablen de descoordinación entre las administraciones, porque nosotros tenemos unos convenios que demuestran lo contrario con los cabildos, y los niveles de implicación de todas ellas, especialmente los ayuntamientos, pueden mejorar gracias al nuevo texto que se negocia en una mesa de trabajo para la redacción que mejore y agilice la atención. "Los directores y gerentes de Servicios Sociales de la asociación parecen no entender el sistema administrativo del Archipiélago", afirma García Silva.
Como curiosidad sobre la interpretación informativa del informe, cabe destacar que también se olvidan de datos tan importantes como que el sistema generó 55,9 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF etc. Son casi 12 millones más de lo generado en 2016 y es una tasa de recuperación del gasto público del 37,79%
El XIX dictamen del observatorio señala asimismo crecimientos notables en atención: 11,4% más; un incremento de servicios en un 10,69% entre 2017 y 2018 y que Canarias creció un 11,54% en atendidos con cuidados.
El gasto público anual promedio por dependiente atendido en Canarias está muy cerca de la media según el propio informe, 6.341€ frente a los 6.580 del anual nacional, no cabe que se fijen en otros parámetros para denostar una gestión que a todas luces ha ido mejorando y tomando impulso.
Se financian más de 420 mil horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía; además de la parte correspondiente del año de la inversión de más de 260 millones de euros para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que dotará a Canarias de más de 5.500 plazas.