Según explica, aumentan de forma paulatina los cortes de luz por impago. Las viviendas afectadas se ven sometidas a una revisión que, en la mayoría de casos, implica la realización de obras de envergadura y que suelen repercutir en el resto de vecinos de esa comunidad. Sin embargo, los propietarios de viviendas de esa misma antigüedad que están al corriente del pago no se ven sujetos a esta obligación.
"Al cliente al que se le corta la luz se le obliga a adaptar su vivienda a la actual normativa, gastándose más de 3.000 euros, mientras que al que está corriente del pago se le exime de esa obligación", expone. Pedro Martín señala que aunque se trate de un asunto aparentemente menor, miles de viviendas canarias podrían verse afectadas por este problema. Precisa que varias asociaciones de consumidores han denunciado el aumento de cortes de luz por retrasos en el pago, algo que empresas como Endesa o Hiberdrola reconocen, aunque puntualizan que cumplen la legislación.
El parlamentario del PSOE critica la arbitrariedad que implica la norma, ya que si un propietario o inquilino está al corriente del pago, no tendrá que pasar por esa revisión, mientras que quien se encuentra en una situación de precariedad y, como consecuencia, no puede afrontar el pago, se ve obligatoriamente sometido a una revisión que, en ocasiones, supone obras en todo el edificio, implicando al resto de la comunidad.
"Por tanto, resulta discriminatorio porque afecta a quienes peor lo están pasando e injusto porque no se aplica a todas las viviendas de más de 20 años", insiste. Martín propone desde el Grupo Parlamentario Socialista que el Gobierno de Canarias modifique la norma, solicitando, si fuese necesario, la modificación de la ley estatal.
