"Además, es un impuesto que hace que el sistema no sea equitativo, ya que las personas con más recursos no tienen obstáculos para pagar, mientras que los que menos tienen pueden encontrarse, por ejemplo, con que no pueden liquidar el inmueble de forma inmediata, llegando, incluso, a tener que renunciar a su herencia", afirma Rosa Dávila.
Esta bonificación se viene aplicando desde 2016, tras haber sido incluida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para ese año, y se aplica a la cuota tributaria derivada de las adquisiciones mortis causa incluidas en la herencia correspondiente a familiares de primer y segundo grado, es decir, padres, hijos, cónyuges, nietos y abuelos, así como las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros de vida que se acumulen al resto de bienes y derechos.
Con ello se pretende disminuir la presión y el esfuerzo fiscal de las personas físicas y evitar que se vean obligadas a renunciar a herencias por no poder pagar el impuesto. A su vez, esto permite generar riqueza que revierta en la economía de las Islas.
La bonificación garantiza que los herederos no tengan que pagar por unos bienes por los que ya sus familiares han tributado en su momento y, por otro, establece un sistema equitativo para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel económico.
La autoliquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuenta con un plazo de seis meses para su presentación en el caso de las sucesiones.
A partir del 1 de enero de 2019, la bonificación del 99,9% del impuesto se extiende a las herencias recibidas por familiares de segundo y tercer grado, así como ascendientes y descendientes por afinidad.