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09 Abr

Canarias reclama una reunión con Sánchez para exigir que "los fondos de los canarios se queden en las islas"

Canarias/ Presidente de Canarias, patronales y sindicatos solicitarán de forma conjunta una reunión a Pedro Sánchez ante la gravedad de la imposición del Gobierno de España de destinar el dinero de carreteras a amortizar deuda.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acordó este martes con los agentes sociales y económicos, representados en su Consejo Asesor, trasladar la petición de una reunión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para exigir que se corrija el cálculo del superávit aplicado por el Estado en el aso de Canarias y cifrado en 947 millones de euros, tras incorporar el Ministerio de Hacienda los fondos que adeuda a las islas por el incumplimiento del convenio de carreteras frente a los 300 millones de euros que ha calculado el Ejecutivo autonómico, así como, impedir que estos recursos que "son de todos los canarios y canarias, puedan revertirse en los servicios públicos esenciales de las islas", aseveró Fernando Clavijo.

En este contexto, el presidente canario sostuvo que "es importante que Canarias, administración, agentes económicos y sindicales, hayan cerrado filas para lograr que los recursos económicos que se generan en el Archipiélago se queden en esta tierra, porque es una gran injusticia que se hurten fondos necesarios para mejorar el bienestar de los canarios y canarias". Asimismo, señaló que el Gobierno de España "tiene aún margen de maniobra, ahora solo falta que tenga voluntad, ya que, quedan dos Consejos de Ministros para revertir esta situación y permitir a Canarias destinar su superávit a consolidar y mejorar la Sanidad, la Educación y las Políticas Sociales".

Fernando Clavijo hizo estas declaraciones tras la mantener sendos encuentros primero, con los miembros de su Consejo Asesor y, en segundo lugar, con los portavoces de los grupos parlamentarios, entre ellos, José Miguel Ruano, del grupo de Coalición Canaria-PNC; José Estalella, portavoz de Economía y Presupuestos del grupo parlamentario popular y Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, a los que trasladó el acuerdo suscrito por unanimidad en el marco del Consejo Asesor.

Reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios
Reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios
En cuanto a los convenios Canarias-Estado, el presidente matizó que, "aunque nos hemos centrado en abordar la problemática más inmediata" es necesario recordar que aún quedan por llegar a la Comunidad Autónoma 327,49 millones de euros de los más de 1.400 millones incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. "Partidas tan importantes como los 18 millones del Programa para la Lucha contra la Pobreza, los 40 millones del convenio en materia de aguas o los 8 millones para cubrir el sobrecoste de la desalación y la extracción de agua para riego agrícola, fondos estos últimos que siguen sin transferirse once días después de su aprobación en Consejo de Ministros".

En este punto, confirmó que, en los 13 Consejos de Ministros celebrados entre el 1 de enero y el 4 de abril de este año, se han aprobado 220 acuerdos para aprobar inversiones y ayudas a las comunidades autónomas por un importe global superior a los 12.500 millones de euros. "De todos ellos, solo dos asuntos se refieren a Canarias: los 8 millones de agua para riego agrícola y el Sistema de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil en Las Palmas".

Por eso es importante que Canarias mantenga una posición unánime y "poder hacer ver al Gobierno de España que no se está castigando a un gobierno de una comunidad autónoma, se está castigando a todos los canarios y canarias".

Respecto a la cifra de superávit, Fernando Clavijo calificó como "un atropello a los derechos de los canarios y canarias que ahora se pretenda que los 500,4 millones de euros de la sentencia de Carreteras contabilicen, como si ya estuvieran en mano de Canarias, sin haberse hecho efectivo el ingreso y que, además, pretendan hacerlo como superávit".

El presidente explicó a su Consejo Asesor y a los portavoces parlamentarios que este es el motivo por el que no es cierta la cifra de avance del superávit publicada en la web del Ministerio de Hacienda, 947 millones de euros y el 2,05% del PIB. Confirmó que "el superávit de Canarias es de 300 millones y el 0,65%".

Hizo hincapié en que si estos fondos se contabilizan como superávit, Canarias se vería obligada a destinar ese dinero a pagar a los bancos para amortizar deuda y no podría utilizarse para su objetivo inicial, que no es otro que la ejecución de obra, en el caso del procedente de la sentencia de Carreteras, ni para los servicios públicos esenciales, en el caso del superávit real de la comunidad autónoma.

Fernando Clavijo en rueda de prensa tras las reuniones con el Consejo y los portavoces parlamentarios
Fernando Clavijo en rueda de prensa tras las reuniones con el Consejo y los portavoces parlamentarios
Fernando Clavijo recordó que el Gobierno de Canarias ya utilizó fondos propios para cubrir en su momento el incumplimiento del Convenio de Carreteras por parte del Gobierno de España. "Estos fondos son necesarios para acelerar obras que se retrasaron en su momento por falta de fondos", incidió.

Esto tendría consecuencias muy graves para el desarrollo socioeconómico del Archipiélago, porque "si el Gobierno de España continúa adelante con esta injusticia e impide que los 947 millones de destinen a los servicios públicos y a las inversiones, se bloqueará la creación de 18.940 nuevos empleos en los ámbitos sanitario, educativo y dependencia", anunció el presidente.

"Así que este Gobierno de Canarias agotará hasta el último minuto de legislatura para que no se produzca este atropello y garantizar que se cumplan los derechos de los residentes de las Islas", algo para lo que, añadió: "agotaremos todas las vías, pero hemos querido empezar, como siempre, por la del diálogo y por un buscar una solución política y administrativa, antes de plantear cualquier otra alternativa".

Además, el presidente recordó que "Canarias no necesita amortizar deuda porque es la comunidad autónoma española con menor deuda por habitante y la tercera en relación con el PIB, solo por detrás de Madrid y País Vasco.

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