Esta iniciativa ante la ONU se suma a las quejas que el Gobierno canario ha presentado ante la Comisión Europea contra esos permisos de prospecciones petrolíferas, tras haber intentado, sin éxito, que el Tribunal Supremo los paralizase con carácter cautelar alegando riesgos para el medio ambiente y para la industria turística.
El presidente de la comunidad autónoma recuerda en su carta al secretario general de la ONU que Lanzarote y Fuerteventura están declaradas Reservas de la Biosfera, lo mismo que La Palma, La Gomera, El Hierro y la mitad del territorio de Gran Canaria.
Rivero apela a la condición de Ban Ki-moon como máximo responsable de la red de Reservas de la Biosfera, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Consejo Global de Turismo Sostenible para instarle a que invite a España a que dé prioridad al desarrollo de fuentes energéticas limpias, renovables y sostenibles y al fomento de una política que atienda al interés general de la ciudadanía y del medio ambiente.
El presidente canario argumenta que autorizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las islas genera "un conflicto que amenaza de forma grave la economía, el medio ambiente y, en consecuencia, el futuro de las Islas Canarias", por lo que espera que la intervención de Ban Ki-moon "beneficie el interés general de los ciudadanos de Canarias y del mundo".
Paulino Rivero alerta a secretario general de la ONU de que el área donde se van a realizar las prospecciones es reconocida a nivel mundial por su biodiversidad y está próxima a unas islas cuya principal economía y sustento de empleo proviene del turismo.
Y recuerda que tanto el Parlamento de Canarias, como los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y otras instituciones insulares se han pronunciado en contra de que se lleven a cabo.
El presidente de Canarias defiende en su escrito que el archipiélago podría ser en 2025 autosuficiente en la generación y aprovechamiento del cien por cien de la energía que consuma, gracias a sus condiciones eólicas, solares y de dinámicas oceánicas.
El Gobierno canario entiende que "no es aceptable" una explotación minera de "alto riesgo" que sólo beneficia, a su juicio, a multinacionales del petróleo y que no genera empleo significativo para la población ni retorno económico de ninguna clase.
También advierte de que una contaminación del entorno costero podría ocasionar el colapso de la producción de agua potable para la población, al depender de plantas desaladoras de agua de mar.
