En este primer juicio, el juzgado estudirá las suspensiones temporales incluidas en el Expediente de Regulación de Empleo, que afectan a la totalidad de la plantilla de la empresa pública en Santa Cruz de Tenerife y a 43 trabajadores de la provincia de Las Palmas. En cuanto a los despidos, el juicio tendrá lugar en el TSJC el próximo 6 de noviembre, tras una primera suspensión.
En este sentido conviene recordar que el SEPE (antiguo Inem) ya ha advertido que el personal de la empresa pública que sea suspendido temporalmente de su contrato no recibirá ningún tipo de prestación por desempleo, con lo que los trabajadores volverán a situarse en un limbo entre administraciones si recibir ningún tipo de ingreso económico.
Este juicio se celebra como resultado del conflicto colectivo interpuesto por el comité de empresa, quien siempre defendió la ilegalidad del ERE, la falta de consistencia de sus argumentos y los errores de bulto cometidos durante su tramitación.
Hay que tener en cuenta además que se trata de un ERE preventivo, que se aplica no por pérdidas reales, sino por aquellas que se esperan tener.