Por eso, no entendemos las prisas en la tramitación parlamentaria de la reforma educativa, más conocida como la Ley Celaá, porque en ningún caso se podría poner en marcha el curso que viene y ahora la prioridad es atajar la emergencia sanitaria.
Tiempo perdido y recortes
Si la reforma de la Ley sale adelante, tendrá la duración que tenga el Gobierno, un desastre que la Educación no puede permitirse. Ya se ha perdido mucho tiempo y los recortes del 2012, la inestabilidad legislativa y la previsible crisis puede desangrar aún más nuestro sistema educativo.
Para ello, es necesario que se blinde por ley el Gasto Educativo Básico por alumno para garantizar la igualdad de oportunidades. Si se sigue manteniendo asociado a un porcentaje del PIB cuando este cae, como va a suceder este año, servirá de excusa para un posible recorte que tildarán como inevitable.
El próximo curso 2020-2021 será muy complejo y es urgente acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta a las aulas. No puede ser que nos enteremos de medidas como limitar a 15 los alumnos por clase a partir de septiembre si no hay vacunas -anunciada ayer por la ministra Celaá- por los medios de comunicación. Es inadmisible que se pretenda duplicar el trabajo del profesorado reduciendo ratios sin dotación de recursos humanos.
Exigimos negociar un Plan de Regreso a la Actividad Laboral de carácter Organizativo y Preventivo y un Plan de Refuerzo educativo. Así lo recogemos en una Guía Técnica de CSIF realizada por especialistas en la materia y en la que nos basamos para plantear las condiciones de la vuelta presencial.
Reclamamos como medidas esenciales:
- Realización de test masivos.
- Exclusión de asistencia a los centros del personal de riesgo (mayores de 55 años, enfermos crónicos, embarazadas o situaciones excepcionales).
- Desinfección completa de los centros antes de las jornadas lectivas.
- Ratios de 12 alumnos por aula con aumento de plantilla para su ejecución.
- Entradas y salidas escalonadas y/o por turnos.
- Mascarillas obligatorias para docentes y alumnado, como una obligación de la Administración Educativa.
- Separación mínima de 2 metros entre los docentes y/o alumnado, en todas las dependencias de los centros.
- Dispensadores de gel hidroalcohólico y del resto de material de protección (guantes y mascarillas) en lugares estratégicos del centro.
- Señalización de itinerarios de desplazamiento (y si es posible unidireccionales) dentro del centro para prevenir riesgos.