En una nota de prensa, la compañía aérea ha explicado que entre los documentos que han sido tenidos en cuenta como prueba contra Islas Airways se incluye un listado de billetes cuyos números de serie "sólo podían ser conocidos por unas pocas personas de Islas o por la Dirección General de Aviación Civil".

Es más, asegura que unos meses antes de que Binter Canarias presentase su denuncia, dos personas que habían tenido importantes responsabilidades dentro de la empresa de Miguel Concepción fueron contratadas por la propia Binter.

Islas Airways ha apuntado que días después de la presentación de la denuncia "se empezó a desarrollar una sorprendente actividad administrativa entre Binter y Aviación Civil", así como "un sinfín de comunicaciones, escritos y correos electrónicos entre el personal de Binter Canarias y la funcionaria que ha llevado el asunto desde el comienzo del mismo".

De hecho, en algunas de las comunicaciones que forman parte de la documentación del expediente administrativo al que ha tenido acceso Islas Airways denota "un alto grado de familiaridad entre el personal de Binter Canarias y la Dirección General de Aviación Civil".

La aerolínea entiende que con esto "quedaría acreditado que en algún momento Binter Canarias tuvo acceso a datos que legalmente pertenecían a Islas Airways --que nunca debieron ser facilitados-- para permitir su uso o manipulación".

En este proceso, añade Islas Airways, se generaron las retenciones de las bonificaciones por parte del Ministerio de Fomento por importe de 11 millones de euros, lo que ha producido que la aerolínea se haya visto en la obligación de suspender operaciones regulares en el archipiélago, "dejando a Binter Canarias operando en régimen de monopolio".