Cada año, el Estado colabora en la financiación del transporte regular de viajeros en áreas metropolitanas o ultraperiféricas que se caracterizan por un importante volumen de población afectada, una gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.
La gestión de esta subvención a partir de este año es un elemento novedoso para Mitma, a la que también se sumarán las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de Entidades Locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano, que hasta 2020 estaban siendo gestionadas por el Ministerio de Hacienda.
Este cambio de gestión se justifica en el cambio de enfoque en el que está inmerso el Ministerio, desde la visión clásica de un departamento constructor de infraestructuras a un ministerio gestor de la movilidad, entendida como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social y de crecimiento económico.
En este sentido, la concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que la financiación estatal actúa además como un incentivo para el despliegue de este instrumento de ordenación y planificación.