Este acuerdo se adhiere al adoptado la semana pasada por el Parlamento de Canarias, con la unanimidad de todos los grupos representados en la cámara autonómica, mediante una Proposición No de Ley (PNL) que argumentaba que el principal reto al que se enfrenta la Humanidad es la emergencia climática, como asunto prioritario para el pronunciamiento de cualquier administración.
La moción destaca también que "Gran Canaria cuenta con dos de las mayores centrales térmicas de Canarias, con un impacto evidente sobre la población cercana y sobre el medio natural", por lo que "solicitamos que se acelere el proceso de sustitución en relación directa con la entrada en funcionamiento del Salto de Chira".
La generación eléctrica convencional con combustibles fósiles tiene lugar en Canarias en las centrales térmicas de Las Salinas en Puerto del Rosario (Fuerteventura), El Palmar en San Sebastián de La Gomera, Llanos Blancos en Valverde en El Hierro, Punta Grande en Teguise (Lanzarote), Los Guinchos en Breña Alta en La Palma, Caletillas en Candelaria y la de Granadilla de Abona (Tenerife), y Barranco de San Bartolomé de Tirajana y Jinámar en Gran Canaria. Totas ellas funcionan con derivados del petróleo: fuel oil, gasóleo o diésel.
Todas estas centrales pertenecen a Endesa, filial de Enel, compañía de titularidad estatal italiana. Esta compañía recibe una subvención del Estado español como compensación por el sobrecoste que representa la generación de electricidad en Canarias y otros territorios insulares y extra peninsulares. En 2020, Endesa percibió 1311 millones de euros por este concepto (según los datos publicados por la CNMC), lo cual supone más de un 60% de la facturación en las islas. Concretamente, el cobro por la generación fósil en Canarias ascendió a 767,5 millones de euros por unos grupos de producción eléctrica obsoletos y prácticamente al fin de su vida útil.