Gustavo Matos recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público exige que las administraciones públicas que realizan contratación pública dispongan de un tribunal de estas características dotado de independencia funcional con el objeto de resolver las reclamaciones que se planteen en la tramitación de la contratación de esas administraciones públicas. La Audiencia no dispone de tribunal propio y su tamaño y especialización dificulta su constitución, por lo que se ha optado por la firma de este convenio, en aras del principio de colaboración que debe presidir cualquier actuación pública.
La Audiencia busca con este convenio dar un mejor servicio público a sus contratados, que por esta vía tendrán acceso a un recurso administrativo más accesible, barato y rápido que acudir a la vía contencioso administrativa, sin perjuicio de que en caso de no ver satisfechas sus pretensiones puedan acudir a la misma posteriormente.
