Rafael Rodríguez alienta "un amplio consenso institucional frente al piche".
Los Verdes ha mostrado en un comunicado su "satisfacción con la declaración institucional del Gobierno de Canarias de oposición frontal a los permisos para permitir prospecciones petrolíferas" que impulsa el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, lo que refleja "un amplio consenso institucional frente al piche".
No obstante, Rafael Rodríguez, portavoz del partido ecologista, considera el Ejecutivo canario "también debería oponerse con la misma energía a los permisos concedidos por Marruecos, ya que producen las mismas afecciones medioambientales al estar situadas en aguas muy próximas a Canarias".
En este sentido, "Los Verdes europeos ya han abierto un frente de batalla en Bruselas con la presentación de una pregunta europarlamentaria en cuya respuesta la Comisión reconoce su capacidad de actuar frente a países terceros que pongan en peligro el mediatamente de la Unión Europea".
Rodríguez también hecha en falta en la declaración institucional una apuesta más decidida por el desarrollo de las energías renovables, "que son la única alternativa al petróleo" .
Coincide el portavoz de Los Verdes en que los permisos de investigación de hidrocarburos en las aguas situadas al nordeste de Canarias, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, "vulneran las competencias que Canarias tiene tribuidas por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y por las leyes vigentes" por lo que dichas concesiones constituirán "una agresión colonialista que podría alentar las aspiraciones soberanistas de la población canaria, con unas consecuencias políticas imprevisibles".
Recuerda que el Tribunal Supremo anuló en el año 2004 el mismo Real Decreto que ahora se pretende imponer de 2001 sin cambios significativos, "con el añadido de que ha entrado en vigor la Ley de aguas canarias y la declaración de Zona Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional".
Concluye el portavoz de Los Verdes ofreciendo su colaboración en el Parlamento Europeo, en dónde son la cuarta fuerza política, "para hacer valer la legalidad europea en materia de protección medioambiental y los derechos de Canarias a gestionar y defender su territorio marítimo y terrestre".
