Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.
En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.
A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.
En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.
Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, "hay interés por hacerlo y hacerlo bien".
A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.
Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.
